El Congreso de Veracruz determinó por tanto, dar a la auditora general de ORFIS, Delia González Cobos, un plazo de 90 días para que efectúe una nueva valoración sujeta a la aprobación legislativa.
De no cumplirse el mandato se procederá ante la autoridad correspondiente, es decir, se auditará a la que audita, a su titular González Cobos, hoy en serio riesgo no solo de ser apartada de tan importante responsabilidad, sino de terminar en prisión.
Con este mandato legislativo sería la segunda ocasión en la historia de ORFIS y el propio Congreso del estado, en que se rechace la aprobación de una Cuenta Pública.
La primera se dio cuando estaba al mando Lorenzo Antonio Portilla, quien también fue cachado en la maroma millonaria en 2019 tras lo cual sería relevado.
Argumentos del Dictamen del Congreso de Veracruz:
- Se presume que no ha sido posible evaluar efectivamente los resultados de la gestión financiera de dichos entes fiscalizables, menos aún comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto, ni verificar el contenido de los objetivos contenidos en los programas.
- En el análisis realizado por la Comisión (de Vigilancia) se considera que las observaciones que se notificaron no concuerdan ni el monto, ni los criterios con los que fueron fiscalizados.
- Se encontraron ponderaciones y metodologías poco claras y convincentes
- En casos de entes en donde existía conocimiento de denuncias ciudadanas o de alguna autoridad, el porcentaje de los recursos auditados apenas sobrepasó el 50% del total sin que se tenga información del otro 50%
- Se advierten casos de baja de bienes, que aun cuando era ilegales, no se consideraron como daño patrimonial.
- Los dictámenes de las entregas-recepción que fueron proporcionadas a esta legislatura por las autoridades municipales entrantes donde se advierten presuntos daños patrimoniales millonarios lo cuales no fueron considerados dentro de la muestra auditable.
- No se localizó ningún texto que aluda la coordinación entre ORFIS y la ASF en la fiscalización.
“En suma, esto permite deducir que el proceso resulta deficiente en cuanto a seguridad y certeza jurídica de los actos realizados, hecho que en un futuro pone en riesgo no solo la legalidad de los informes, sino hasta las acciones consecuentes de intentar recuperar los montos señalados… a fin de recuperar lo señalado como daño patrimonial…”
DECRETO:
Primero.- No existen elementos suficientes para tal efecto, por ende, se rechazan los informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021.
Segundo.- Se ordena al ORFIS, que en un plazo no mayor a 90 días naturales, efectúe una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentada por los Entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021 y emita los correspondientes informes individuales al Informe General Ejecutivo que deberán remitir a la Comisión Permanente de Vigilancia para que en los 15 días hábiles siguientes a su entrega, se elabore el dictamen correspondiente para su discusión y, en su caso, aprobación del pleno.
Repuesta de ORFIS:
La auditora Delia González Cobos solicita millones de pesos para volver a realizar el trabajo. La advertencia ha sido acompañada de un: “¡No renunciaré!”
Conclusión: A ver en que termina toda esta disputa que tiene enfrentados a los morenos.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
