La primera mala señal fue que, al asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), incluyó en su currículum un doctorado sobre el “Nuevo Sistema Penal Acusatorio” que supuestamente había cursado ¡en un año! en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminología, una institución educativa ubicada en una sórdida calle de Monterrey a la que la Secretaría de Educación Pública (SEP) le había negado en 2008 el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE). A mediados de diciembre de 2018 la revista Proceso investigó y desmintió su título académico al confirmar que en la oferta educativa de la página oficial del Cescijuc no existía tal doctorado.
Ahora que el pasado jueves 20 presentó sorpresivamente su renuncia al gobernador García Jiménez pretextando que “debo atender cuestiones muy personales que me reclaman e impiden seguir destinando todo el tiempo que este encargo demanda…”, el diario Reforma publicó que cuando Gutiérrez Maldonado se desempeñó como director del Centro de Operaciones (CEO) en Nuevo León, fue destituido en 2016 acusado de extorsión.
El diario capitalino reseñó que Hugo Gutiérrez, un fiscal y 28 policías del CEO fueron relevados tras la aprehensión de dos de sus subordinados. Según la versión periodística, los elementos bajo su mando habrían extorsionado a un empresario, al exigirle presuntamente 300 mil pesos para dejarlo comercializar diesel. Pero refiere también que otros empresarios denunciaron actos de chantaje, secuestros y narcomenudeo en manos de policías que trabajaban para Gutiérrez Maldonado.
En los casi cuatro años que se desempeñó como titular de la SSP en Veracruz se denunciaron una serie de abusos policiacos que inclusive provocaron la muerte de al menos dos detenidos que fallecieron a causa de los golpes que recibieron en los separos del cuartel policiaco de San José, en Xalapa, lo que motivó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera a principios de este mes las recomendaciones 013/2022 y 031/2022 dirigidas a la dependencia que encabezaba Gutiérrez Maldonado.
Una recomendación más fue la 18/2021, por la muerte de dos menores de 13 y 14 años que fueron alcanzados por proyectiles de los elementos de la Fuerza Civil que supuestamente repelieron una agresión de hombres armados en el municipio de Amatlán en julio del año pasado.
Otro escándalo fue el abusivo cobro de las grúas privadas, un jugoso negocio concesionado por la SSP a través de la Dirección de Tránsito del Estado a particulares, los cuales obtienen millonarios ingresos por el arrastre de vehículos mal estacionados. Ante las protestas ciudadanas y hasta de los diputados locales de Morena, el gobernador Cuitláhuac García le había encargado desde agosto regular la prestación de este servicio, pero se fue sin entregar el reglamento que prometió entraría en vigor a partir de septiembre pasado.
Sin embargo, la gota que al parecer derramó el vaso fue la desaparición forzada del coordinador de la Policía Vial, José Alan Cuetero Meza, (a) El Archie, por la que la Fiscalía General del Estado detuvo e imputó la semana antepasada a cuatro de sus colaboradores, entre ellos a Alan “N”, quien fue subdirector operativo de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste y director de operaciones de la SSP.
Su renuncia, coincidentemente, se dio horas después de que la mañana del pasado jueves el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, ventilara este caso en la conferencia del presidente López Obrador en Palacio Nacional, en cuyas imágenes proyectadas aparecía Gutiérrez Maldonado dándole posesión del cargo al presunto victimario.
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