Esta es la última oportunidad. Ahora es cuando los abogados, que tan acostumbrados están a congregarse en colegios, barras, federaciones o clubes de profesionistas del Derecho, deben alzar la voz.
El único equilibrio, el contrapeso para frenar la ambición tiránica del gobierno estatal, el sistema de justicia federal, está siendo atacado desde el centro del país.
¿Se imaginan que el gobernador de Veracruz tenga a su servicio –además de la policía preventiva, la policía ministerial, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia estatal- a los jueces de Distrito, de la estructura del Poder Judicial de la Federación?
Podrán, desde Palacio de Gobierno, hacer lo que quieran, y ya se ha podido constatar que lo que quieren es eliminar cualquier vestigio de oposición, de crítica; a cualquiera que esté en posibilidades de exhibir su corrupción y voracidad.
Este martes se dio a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) retiró al magistrado José Octavio Rodarte Ibarra de su cargo como integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz.
La medida fue tomada justo días después de que el gobernador de Veracruz –que no es abogado, ni tiene la menor idea de lo que significa “Estado de Derecho”- se quejara de las resoluciones emitidas por dicho Tribunal que tuvieron como consecuencia la liberación de ciudadanos que habían sido imputados por la Fiscalía de Veracruz.
A la queja del mandatario estatal se sumó un reclamo por parte del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, (la “corcholata” de Morena para Coahuila) Ricardo Mejía Berdeja.
En lugar de Rodarte Ibarra llega la magistrada María Elena Leguizamo Ferrer, quien ocupaba la misma posición en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, Estado de México.
Hace un mes, el gobernador de Veracruz criticó la actuación de los magistrados
Suero Ávila, Soto Martínez y Rodarte Ibarra, además de los jueces de Distrito José Ezequiel Santos Álvarez y Alejandro Quijano Álvarez.
¿La razón? Que gracias a los amparos concedidos en la instancia federal, obtuvo su libertad la exdiputado federal del PRD, Norma Azucena Rodríguez Zamora, quien había sido vinculada a proceso por su presunta participación en el homicidio del político de Tihuatlán Nicanor Martínez Holguín.
Un par de días después, el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, reprochó a los tres magistrados del Tribunal Colegiado que hubieran ratificado un amparo a favor de tres sujetos a los que la Fiscalía de Veracruz atribuye participación en el homicidio del periodista Jacinto Romero.
“Llama la atención que es el mismo juez el que resuelve ambos casos, y ya confirma el Tribunal (Segundo Colegiado Penal). Como se nos ha instruido, cuando hay estos casos se va a proceder también con las denuncias penales correspondientes contra el juez por delitos relacionados contra la administración de la justicia”, dijo el subsecretario.
Nunca, ni él y mucho menos el gobernador, sugirieron la posibilidad de que las resoluciones emitidas por el Juez de Distrito y ratificadas por el Tribunal Colegiado, estuvieran bien sustentadas y, por lo tanto, la falla recayera en el sistema de justicia de Veracruz.
Eso jamás lo admitirán.
Los abogados de Veracruz deben entender que están a punto de cambiar las reglas. Si se concreta la demolición del dique que representa la justicia federal, la única Ley que valdrá en la entidad, será la de la mafia en el poder.
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Epílogo.
Sigue emanando un fuerte tufo a corrupción en todas las obras y acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). *** La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en los trabajos de rehabilitación de las refinerías de Hidalgo, Veracruz y Guanajuato, Pemex no ha aclarado el uso que le dio a más de 40 millones de pesos, particularmente por pagos en exceso. *** Las irregularidades fueron detectadas en las refinerías de Tula, en Hidalgo, con 28 millones de pesos; de Minatitlán, en Veracruz, con 7.2 millones de pesos, y de Salamanca, en Guanajuato, con cerca de 5 millones de pesos. *** También detectó pagos en exceso por 4.5 millones de pesos en las obras de mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas. *** Por si tenían esa preocupación: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura) versión 4.0 que tienen que emitir los empleadores, bajo el régimen de salarios, entrará en vigor hasta el 31 de marzo del 2023. *** “Para los efectos de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), quienes realicen pagos por los conceptos a que se refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén obligados a emitir CFDI por los mismos, podrán optar por emitirlos hasta el 31 de marzo de 2023 en su versión 3.3 con complemento de nómina en su versión 1.2, conforme al Anexo 20”, se establece en la novena resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2022 y sus anexos 1 y 1-A. *** Actualmente, el CFDI versión 3.3 y 4.0 están en un periodo de convivencia que finalizará el 31 de diciembre del 2022 con la salvedad de que los empleadores cuentan con esta prórroga. *** En los últimos siete días, México reportó 4 mil 110 casos nuevos y 61 muertes por Covid-19. Por primera vez en semanas, la tendencia de muertes, casos activos y contagios fue a la alza. *** De acuerdo con el informe técnico semanal de la Secretaría de Salud, al corte de este martes primero de noviembre, México acumula 7 millones 111 mil 119 casos positivos y 330 mil 393 defunciones a causa del virus. *** En los casos activos de Covid-19, hasta este día se tienen detectados 3 mil 579, un ligero aumento de 327 contagios, mismos que se encuentran de manera predominante en la Ciudad de México, Yucatán, Colima, Baja California Sur, Baja California, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, San Luis Potosí y Sonora. *** Sobre los casos de Covid-19 confirmados acumulados por estado, las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.
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