Dentro de un marco de completa ilegalidad continuarán con la explotación minera en el municipio de Uxpanapa, en donde se planea extraer barita que se utiliza en la perforación de pozos petroleros, derivado del crecimiento que tendrá esta industria en los próximos años.
Sin los permisos ambientales correspondientes, mineros de la región han explotado de manera indiscriminada la zona, extrayendo barita y comercializando a empresas proveedoras de PEMEX material que no cuenta con la documentación correspondiente.
La barita en breña es un mineral que se usa para incrementar la densidad de los fluidos de perforación utilizados en la extracción de petróleo. Para su explotación, es necesario contar con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y un denuncio minero otorgado por el Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Recientemente, la Semarnat clausuró los accesos a las minas de Uxpanapa por falta de estudio de impacto ambiental, pero veremos cuanto tiempo dura la “aplicación rigurosa de la ley”, porque mineros de la región han logrado crear una red de influencias que se presume llegan hasta el Procurador Estatal del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, otro “Rey del cash”.
La procuraduría que encabeza el hampón Rodríguez Cortés tendría que recordar que, extraer mineral sin los permisos correspondientes representa un robo a la nación; por lo que no es viable permitir que los trabajadores de las minas sigan saqueando barita de la región sin denuncios mineros, sin permisos ambientales, sin documentación en regla y creando una auténtica red delictiva para beneficiar a empresas petroleras consentidas.
Pero acostumbrado a como está don Sergio, o a cómo opera dentro de la función pública, aquí les compartimos otro de los tantos negocios que hace al amparo de la 4T.
AMLO va por la reforma electoral
El plan B está en marcha. De no lograr AMLO el apoyo de dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados para aprobar la Reforma Electoral, es decir, 334 votos, Morena aplicaría modificaciones a leyes reglamentarias en materia electoral que irían, incluso, más allá de los alcances que planteaba en un principio la propuesta de cambios del presidente a la Constitución.
Fue el lunes 14 cuando el principal encargado de las gestiones del Grupo de Trabajo que revisa las 107 iniciativas en torno al tema, presentadas en San Lázaro por diversos partidos, dio el golpe sobre la mesa. Morena lanzó un ultimátum: o se trabaja en el acuerdo para elaborar un dictamen de consenso antes del 23 de noviembre, o votarán en el Pleno el dictamen del Ejecutivo federal en sus términos.
En un trabajo periodístico de la revista PROCESO, se afirma que, aunque la bancada del PRI había mostrado apertura para negociar una reforma, incluso constitucional en temas específicos –como la reducción de prerrogativas de partidos–, la marcha del domingo 13 en defensa del INE parece haber cambiado su posición. A la mañana siguiente en el Comité Ejecutivo Nacional, su presidente, Alejandro Moreno, anunció: “No vamos a apoyar ninguna reforma, jamás, que atente contra el Instituto Nacional Electoral y contra el Tribunal Electoral”.
Esta renovada convicción para negar sus 69 votos a Morena y aliados, y poder avanzar con cambios a la Constitución, derivó en una reconciliación con sus aliados: Acción Nacional y el PRD, con quienes anunciaron la reactivación de la alianza legislativa “Va Por México” en la Cámara de Diputados, tras el diferendo por la extensión del apoyo de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028.
El lunes 14, a un día de la movilización sobre Paseo de la Reforma, apareció el diputado Hamlet García, representante de Morena en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, para lanzar el ultimátum de su coordinador.
El límite para llegar a un acuerdo de dictamen para una Reforma Electoral reducida, con apenas unos cuatro puntos de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, debería darse a más tardar el miércoles 23.
En caso contrario, dijo, se llevaría al Pleno en sus términos la Reforma Electoral del presidente López Obrador el miércoles 30 y, de ser rechazada, activarían el ‘Plan B’: las reformas a las leyes secundarias que sí puede aprobar el bloque “Juntos Hacemos Historia” en San Lázaro con mayoría simple, la mitad de los presentes más uno.
“Nos bastan los votos con nuestros aliados para poder transitar en un Plan B que sería esta reforma secundaria”, sentenció el legislador. Y hasta ahí vamos.
Duarte con un pie en la calle
Tras ser vinculado a proceso, por el delito de desaparición forzada Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, afirmó que se trató de una decisión para que las autoridades “ganaran tiempo” y permaneciera en prisión, pues advirtió que esta semana tenía una audiencia de preliberación. “Lo único que lograron las autoridades fue ganar unos meses. Solo me tomará algún tiempo demostrar este hecho y tumbar esta aberrante mentira en mi contra y pasará lo que es inevitable, espero que más pronto que tarde: saldré libre”, afirmó el este lunes Duarte en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
De acuerdo con el exgobernador, la acusación en su contra no es por el delito de desaparición forzada, sino por “entorpecimiento de la investigación”.
“A mí se me acusa de supuestamente haber ordenado al fiscal general del estado de aquel entonces, (Luis Ángel) Bravo Contreras, entorpecer una investigación ministerial que llevaba a cabo por el descubrimiento del cuerpo de un agente de la policía del estado”, detalló. No obstante, apuntó –en entrevista en Por la mañana– que los coimputados en este caso están libres, menos él, por lo que asegura que se quiere confundir a la opinión pública.
“Si fuera el delito de desaparición forzada, que es como mañosa y tramposamente se quiere confundir a la opinión pública, mis coimputados seguirían privados de su libertad, ya que el delito de desaparición forzada es un delito de prisión preventiva oficiosa”, dijo el hoy experto en derecho penal.
El exmandatario señaló que por este caso también están relacionados el exfiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras; la exdirectora general de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General Rosario Zamora y el exdirector general de Servicios Periciales, también de la Fiscalía General, Gilberto Aguirre.
Tras permanecer cinco años y 7 meses, Duarte detalló que este miércoles tenía una audiencia de preliberación, pero lo vincularon a proceso y ya no cumple con todos los requisitos para tenerla: “Este miércoles 23 de noviembre tenía mi audiencia ya para poder acceder a un beneficio preliberaciónal frente a un juez federal de ejecución penal. Reunía todos los requisitos que la ley establece para poder acceder a este beneficio, ya cumplí más del 50% de mi condena (nueve años), he tenido buena conducta, cumplo con el plan de actividades, pagué ya la multa, en caso de reparación de daño no existe en mi caso”.
“Ahora con esta vinculación a proceso ya no puedo cumplir con los requisitos, porque uno de los requisitos que establece es no estar sujeto a un proceso penal, ya sea federal o local que amerita prisión preventiva. En este caso me dictaron la prisión preventiva justificada”.
REFLEXIÓN
La Colectiva Hilos aclaró que cambiará de fecha su evento en el Ángel de la Independencia sobre desaparecidos y feminicidios, por considerar que “las condiciones de seguridad no están garantizadas”, el cual estaba programado para el 27 de noviembre, mismo día que se realizarán marchas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Frente Nacional AntiAmlo (FRENAAA) que lidera Gilberto Lozano. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
