Aunque pareciera una broma, en redes sociales están proponiendo que, “dado sus buenos resultados”, la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, reemplace al doctor Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, la fiscal veracruzana tiene varios casos prendidos de alfileres, cuyo impacto mediático comienza ya a generar costos políticos para el gobernador Cuitláhuac García y su candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.  

El viernes pasado, por ejemplo, al comentar la confrontación de Sheinbaum con el fiscal de Morelos por el feminicidio de una joven de Iztapalapa cuyo cadáver fue arrojado en Tepoztlán, la columnista de El Financiero, Lourdes Mendoza, reclamó a la aspirante presidencial que “no ha dicho ni pío, ni su fiscal, Ernestina Godoy, por July Raquel Flores, a quien el 6 de noviembre de 2020 agentes ministeriales de Veracruz detuvieron en la CDMX, con lujo de violencia, frente a sus hijos, sin orden de aprehensión, la trasladaron al penal de Pacho Viejo por un delito que no cometió y ya la sentenciaron a 60 años de prisión.”

La periodista consignó: “Durante las siete horas que duró el trayecto a Xalapa, July fue golpeada, torturada y violada. Hasta Cuitláhuac García dijo que fue violada en CDMX, no en Veracruz. Supe de este caso porque la alcaldesa Lía Limón (de Álvaro Obregón) está tratando de ayudarla.” 

Este lunes 21, el periodista Ciro Gómez Leyva le concedió casi diez minutos en su noticiero matutino de Radio Fórmula al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien vía telefónica se comunicó para aclarar que fue vinculado por la Fiscalía General de Veracruz por supuestamente entorpecer una investigación de la presunta desaparición del cuerpo de un policía estatal y no por el delito de desaparición forzada, como se ha pretendido confundir a la opinión pública.

El mandatario acusó que esto es una “chicanada judicial”, pues señaló que se apuraron a hacer la audiencia de vinculación a proceso porque este miércoles 23 tenía su audiencia ante un juez federal de ejecución penal para poder acceder al beneficio de preliberación, pues afirmó que “ya cumplí más del cincuenta por ciento de mi condena –que fue de nueve años de prisión–, he tenido buena conducta, cumplo con el plan de actividades, pagué ya la multa, en el caso de reparación del daño no existe en mi caso, está en ceros, en fin, todos los requisitos que contemplaba”.

Pero dijo que ahora, con esta vinculación a proceso, momentáneamente deberá desistirse de este beneficio preliberacional. Sin embargo, puntualizó que en este caso “me determinaron la prisión preventiva justificada” que, dijo, “es otro elemento más que te dice que no me vincularon por desaparición forzada, porque (…) me hubieran dictado prisión preventiva oficiosa”, lo que tampoco hicieron con los otros tres coimputados de causa que actualmente están libres, mencionando al exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, a la exdirectora general de Investigaciones Ministeriales de la FGE, Rosario Zamora, y el exdirector de Servicios Periciales de la FGE, Gilberto Aguirre Garza.

Duarte reiteró que “es una chapucería, por decir lo menos, el que traten mañosa y tramposamente de confundir a la opinión pública diciendo que me vincularon a proceso por el delito de desaparición forzada, que ese sí es un delito de lesa humanidad, un delito muy grave, un delito fuerte”, y refirió que en la audiencia de vinculación a proceso “le pregunté expresamente a la representante de la Fiscalía si se me estaba acusando de haber ordenado, haber participado en la desaparición de persona alguna y la respuesta fue contundente, fue ‘no, no se le acusa de eso’”.

El exmandatario veracruzano argumentó que la Fiscalía General a cargo de Hernández Giadáns “presentó 53 datos de prueba en mi contra, de los cuales solamente se me mencionaba en dos, y de esos dos, uno de ellos el juez de control  en la misma audiencia  inicial determinó decretar la nulidad de ese dato de prueba ya que existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz en donde después de aplicar una exhaustiva investigación que incluyó el Protocolo de Estambul concluyó que ese dato de prueba que consistía en el testimonio de Gilberto Aguirre Garza fue obtenido a través de tortura y, por lo tanto, quedó nulificado; es decir, solamente queda un dato de prueba en esta causa que sustenta la acusación de la Fiscalía en mi contra, y ese único dato de prueba que existe en mi contra son los dichos de quien en su momento fue mi secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien también ya declaró públicamente que ese testimonio que dio se lo sacaron a través de tortura, que era el modus operandi de la fiscalía veracruzana de aquel entonces, tan es así que el fiscal general de aquel entonces, Jorge Winckler, se encuentra precisamente detenido en el penal federal del Altiplano por torturar en esta causa”.

“Lo digo con toda seguridad: lo único que lograron las autoridades es ganar unos meses. Sólo me tomará algún tiempo demostrar este hecho y tumbar esta aberrante mentira en mi contra y pasará lo que es inevitable: que espero que más temprano que tarde saldré libre de donde estoy”, concluyó Duarte de Ochoa, quien al despedirse del periodista Ciro Gómez Leyva citó: “Cuando el Señor Política entra, la Señora Justicia sale de la casa”.      

¿Deveras la fiscal veracruzana tendrá los méritos y tamaños para reemplazar al doctor Gertz Manero en la FGR?