Uno de los primeros ejemplos es el del regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, que en cuanto salió por la puerta trasera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado comenzaron a filtrarse a los medios de comunicación algunos de sus jugosos negocios, pero faltan otros más, entre ellos el de las concesiones del servicio de grúas que les generan ganancias millonarias a los particulares mientras que la Hacienda pública solamente recibe ingresos ínfimos.
Ayer trascendieron los primeros dos “contratos abiertos” que por más de 700 millones de pesos asignó directamente en 2020 y 2021 a un par de empresas proveedoras de alimentos, víveres, tortillas, agua purificada y platos, vasos y cubiertos desechables para personas privadas de su libertad (Ceresos y CIEPA), así como para el personal operativo de las áreas que componen la SSP.
El 28 de febrero de 2020 la beneficiaria con el contrato SSP-UA-016-20 fue la empresa HC Alimentos S.A. de C.V., con un monto superior a los 352 millones de pesos, de los cuales 178 millones fueron para la Academia de Policía y “cocinas móviles”; 153 millones para la población interna de reclusorios, y 5 millones en utensilios como platos, vasos y cubiertos desechables.
Y, al año siguiente, la proveedora favorecida fue Administradora de Empresas del Golfo, S.A. de C.V., que recibió el contrato SSP-UA-026-21 por un total de 353 millones de pesos, desglosados de la siguiente manera: 197 millones para alimentar a policías; 129 millones para reclusos, 8 millones en agua purificada y 18 millones de pesos en utensilios desechables, o sea 13 millones de pesos más que en 2020.
Gutiérrez Maldonado no es el único. Otro secretario que estaría en el ojo del huracán es el de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, a quien el columnista Víctor Iván Calderón Flores implica en el cobro de “moches” a asociaciones civiles que reciben recursos institucionales, mencionando expresamente a Somos + Decididos A.C., Reforestando Cuencas A.C. y Progreso Veracruzano Ecológico y Cultural A.C.
Según el periodista oriundo de Los Tuxtlas, Contreras Bautista habría armado toda una maquinaria para el presunto cobro de dádivas en efectivo o en favores, mencionando por sus nombres a cinco funcionarios que ocupan puestos estratégicos en la SEDEMA: Osmar Ayala Chora, Félix Yahvé Fernández Rodríguez, Andrea Carolina Hernández Ginés, Diego Meléndez Bravo y Brenda Joan Soto.
En Coatepec corren rumores acerca de un poderoso secretario de despacho que a través de un conocido empresario y exalcalde priista anda presuntamente acaparando terrenos en la zona por donde se trazó la segunda etapa del libramiento que se continuará de la población de El Seco y terminará en el entronque Zimpizahua, sobre la carretera estatal Coatepec–Las Puentes-Xico.
Por otra parte, algunos presidentes municipales se quejan en privado que altos funcionarios de Palacio de Gobierno y miembros del Poder Legislativo les imponen a empresas constructoras y despachos de auditores para la ejecución de obras y la prestación de servicios privados de fiscalización.
Mientras que constructores que no cuentan con padrinos políticos influyentes acusan que en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) les exigen “moches” arriba del 10 y 20 por ciento que solían pedirles exfuncionarios corruptos en las administraciones priistas de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
Obviamente, son de los que desean que en 2024 los que están en el poder pierdan la gubernatura.
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