Y es que tal como ya se había comentado aquí hace tres semanas, además de su cercanía con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la hermana de la exdiputada federal de Morena y actual secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García, le favorecería la presunta decisión que por razón de género habría tomado el Ejecutivo estatal para que por tercera ocasión consecutiva el Poder Judicial sea encabezado nuevamente por otra mujer, pues en diciembre de 2019 fue electa la extinta magistrada Sofía Martínez Huerta, quien en abril de 2021 fue inhabilitada por 5 años y destituida de la presidencia del PJE tras un juicio político interpuesto por un juez inconforme que había sido removido ilegalmente del puerto de Veracruz al municipio de Ozuluama, en la zona norte del estado, sin el aval del Consejo de la Judicatura.
Martínez Huerta fue sustituida por Romero Cruz, quien desde abril pasado debió jubilarse al cumplir los 70 años de edad, por lo que tuvo que solicitar al Congreso local una licencia de ley para poder concluir este 2 de diciembre el periodo completo que dejó pendiente la defenestrada expresidenta del TSJE.
El mandatario veracruzano pagaría así también una presunta deuda moral con Aillet, quien hace tres años saltó de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública a la magistratura luego de que de última hora le retirara su propuesta de encabezar la Fiscalía Anticorrupción por el aparente conflicto de interés que le representaba ser la esposa del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, quien ha sido señalado reiteradamente de presuntos actos de corrupción, como acaba de suceder en su reciente comparecencia ante el Congreso local.
De no ser Aillet, una opción más que se maneja es la del consejero de la Judicatura, Esteban Martínez Vázquez, otro magistrado incondicional oriundo de Papantla que fue el primero en alinearse a las decisiones del gobernador García Jiménez, entre ellas la del plan de austeridad que se tuvo que aplicar el año pasado por el déficit presupuestal de 500 millones de pesos, lo que obligó a recortar los disparatados salarios y otras canonjías de las que disfrutaba la élite del Poder Judicial.
Pero ayer cobraba fuerza también la versión de que otra magistrada cercana al mandatario veracruzano, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, podría dar la sorpresa de última hora.
Jiménez Aguirre obtuvo la magistratura a propuesta del gobernador García Jiménez ante la jubilación forzosa del magistrado de Roberto Dorantes Romero, quien en 2020 promovió un amparo para ser restituido.
En abril de 2021 presuntamente un Juez Federal ordenó al Congreso Local dejar sin efectos el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 30 de julio de 2020, por el cual la Legislatura nombró magistrada del Poder Judicial de Veracruz a Jiménez Aguirre, quien actualmente se encuentra adscrita a la Primera Sala en materia Penal del Tribunal Superior de Justicia.
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