La arrendadora aseguró que cuando le dijo a la senadora que la expondría en medios de comunicación, Balderas la amenazó con decir que ella y su esposo se dedicaban a extorsionar gente.
No es la primera vez que la morenista sureña protagoniza un escándalo mediático. En febrero de 2020 fue exhibida por un incidente de tránsito en la Ciudad de México con su chofer y supuesta pareja sentimental Mario Espinoza Zetina, de quien el diario Excélsior publicó que ganaba 90 mil pesos mensuales como “asesor” de Balderas, pese a que carecía de estudios universitarios y sus antecedentes laborales eran de chef y experto en artes marciales mixtas.
En aquella ocasión, el Senado difundió un comunicado oficial que señalaba que Espinoza Zetina “presuntamente portaba cocaína; es cercano a la senadora Claudia Balderas, de Morena, y quien lo acompañaba en el momento de su detención” por agredir a un elemento de la policía capitalina.
Y a mediados de septiembre del año pasado se divulgó un video en el que aparece Balderas golpeando en los pasillos del Senado de la República a una supuesta auxiliar, que después sería identificada como Amor Torres, quien resultó ser prima de la senadora y la cual cobraba como “aviadora”, o sea, sin trabajar. Ambas, aparentemente, estaban alcoholizadas.
La semana antepasada otro escándalo llegó hasta Palacio Nacional. La popular actriz Alejandra Ávalos pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar una casa que les rentó a unos supuestos militantes de Morena, quienes, dijo, se niegan a desalojarla y pagar los adeudos.
Entrevistada por la periodista Carmen Aristegui, del portal Aristegui Noticias, la actriz contó que en 2016 se firmó el contrato por el entonces representante legal de Morena y ahora secretario particular del mandatario, Alejandro Esquer, para rentar su casa ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ese contrato venció en 2018.
En 2019, según detalló, intentó firmar otro nuevo con Francisco Javier Cavieres, quien se presentó como el nuevo secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y le planteó un contrato redactado por el partido, pero que era “absolutamente leonino, con cláusulas imposibles para cualquier dueño de una propiedad”.
Cuando llegó 2020 y la pandemia de covid-19, dijo que se le dificultó firmar un nuevo acuerdo, pero no le preocupaba porque jurídicamente al terminar el plazo forzoso de un contrato, este se convierte de tiempo indefinido, pero con las mismas condiciones.
Comenzó a preocuparse en febrero de 2021, cuando llegaron camiones con supuestos militantes de Morena de diferentes estados del país que se inconformaban con el nombramiento de Mario Delgado como presidente nacional del partido.
Estas personas que iban en familias, con hijos y adultos mayores, “despojó pacíficamente” a los funcionarios del partido que ahí trabajaban, hicieron un plantón y ocuparon la casa de manera ilegal.
Han incumplido por un año el pago de la renta y dos años de pago de servicios.
Grupos antagonistas a estas personas lanzaron bombas molotov al frente de su casa destrozando puertas y ventanas.
“Por fin, uno de los abogados externos de Morena me contacta. Afirma que se trata de un ‘pequeño incidente’. Reconoce que son militantes de Morena, pero advierte que se aproximan elecciones y no les conviene pelearse con los militantes”, indicó la cantante.
Comentó que los abogados insistieron en que firmara el contrato que ella había redactado y la amenazaron con que si no lo hacía “se olvidara” de su casa, pues depositarían las llaves en un juzgado y tendría que pelear por su posesión de 10 a 20 años.
Por eso, contrató a una abogada e interpuso una demanda en contra de Morena, exigiendo el desalojo del inmueble, el pago de las rentas atrasadas y los dos años de servicio que adeudan.
La sentencia salió a su favor, pero recibió una contrademanda de Morena, en la que señalan que fueron afectados por un presunto despojo de personas que no reconoce como militantes del partido y exigieron la devolución de todas las rentas que le dieron a la actriz.
“Yo considero esto un abuso absoluto de autoridad. En este caso del partido de Morena. ¿Cómo es posible que dejen de pagar un contrato vigente cuando su propia gente está ocupándolo?”, inquirió.
La abogada de Ávalos aseguró que Morena estuvo pagando la renta hasta enero de 2022 y tenían gente dentro del inmueble, por lo que se cuestionó cómo es que ahora los desconocen, pero siguen pagando las rentas por ellos.
Otro caso: el 10 de junio 2020, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado entonces interinamente por Alfonso Ramírez Cuéllar, inició una auditoría a la gestión de Yeidckol Polevnsky desde 2017, cuando la exsenadora mexiquense, siendo secretaria general, asumió interinamente las funciones de presidenta del partido. Su sucesor pretendía aclarar la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos.
Como parte de los acuerdos que tomó el CEN de Morena, tras solicitarle a Polevnsky en tres ocasiones los contratos y pagos realizados por al menos 39 inmuebles, sin que la secretaria general proporcionara la información, se facultó a Ramírez Cuéllar “para que emitan un dictamen sobre las posibles faltas y rutas que jurídicamente se puedan emprender”.
Polevnsky, quien fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por provocar un presunto daño patrimonial al partido y lavado de dinero, ahora es diputada federal plurinominal.
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