Prefacio. 

Imagine usted que la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aproveche los micrófonos de la propia institución que representa, para afirmar que en el estado de Veracruz “hay fiscales locales y funcionarios estatales coludidos con la delincuencia”. *** ¡Vaya escándalo el que se armaría! Lo primero que alegaría el gobernador de Veracruz es que no se puede acusar sin pruebas, aunque su jefe político, el presidente López Obrador, lo haga todas las mañanas. *** Pues algo similar sucede con el gobernador Cuitláhuac García: utiliza cámaras, micrófonos y señal de la televisora estatal (esa que pagamos todos nosotros, con nuestros impuestos) para lanzar acusaciones temerarias sin prueba alguna para sustentarlas. *** “La denuncia es clave, es vital para las detenciones, porque si no existe, ellos (los delincuentes) ya tienen abogados defensores (…) Los más grandes tienen jueces, algunos jueces de quienes dudamos, no están actuando en defensa de las víctimas y sí en defensa -con mucho beneplácito- de estos personajes inmiscuidos en la delincuencia organizada y que tienen mucho poder económico”. *** Está claro que al mandatario estatal no le han gustado algunas resoluciones de los jueces de Distrito, que echan por tierra las sentencias que, por consigna, emiten los jueces de control. *** Quizá podría servirle revisar el comportamiento del personal que trabaja en la fiscalía estatal, la mayoría, empezando por la cabeza, con muy poca preparación y, por lo tanto, expedientes muy frágiles. 

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Producto, supongo, de la desesperación que le genera el encierro al que ha sido sometido, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa tuvo la “genial” idea de salir a defender a la secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nahle, y a través de su cuenta de Twitter asegurar que nada en las leyes le impide ser candidata al gobierno de Veracruz. 

Y quizá tenga razón, pero tendrá que poner a trabajar a su maquinaria jurídica para demostrar que, en efecto, mantiene su “residencia efectiva” en el estado de Veracruz, a pesar de que su trabajo (que, se supone, la ocupa “de tiempo completo”) esté fuera de la entidad. 

“El dilema de que, si Rocío Nahle puede ser Gobernadora de Veracruz o no, es un falso debate y cualquiera con nociones básicas de derecho lo sabe. Si bien es cierto la SCJN determinó la inconstitucionalidad de la Ley Nahle, ésta era innecesaria para que Rocío Nahle pudiera ser Gobernadora de Veracruz, me explicó: La Constitución local de Veracruz, que es la que contenía la Ley Nahle, es una Ley secundaria que emana de la Constitución federal, que es la Ley Suprema y por lógica elemental es la ley predominante. El artículo 116 de la Constitución federal establece claramente los requisitos para ser gobernador y, nos guste o no, Rocío Nahle los cumple. Todo lo demás es ignorancia o grilla”. (Se le quitaron arrobas y signos propios de Twitter). 

En la lógica de Duarte, si sale en defensa de la potencial candidata de Morena, y ésta resulta favorecida por su partido, y se impone en las elecciones del 2024, podría “negociar” algunos acuerdos respecto al expediente que tiene activo en el ámbito local. 

Es, precisamente, ese expediente, el que le impide gestionar su liberación por los cargos federales pues, aunque ya tiene derecho a pedirla, sabe que en automático sería trasladado a una cárcel de Veracruz para enfrentar el proceso por desaparición forzada. 

Y es que Javier Duarte conoce bien de la política mexicana (¡vaya maestro que tuvo!) y entiende que en la llamada “cuarta transformación” los pecados, por muy graves que pudieran ser, pueden ser perdonados. 

Y a la mano tiene el ejemplo de la exsecretaria de Educación y próxima candidata al gobierno del Estado de México, la maestra Delfina Gómez que, desde la lógica del presidente López Obrador, tiene una trayectoria impoluta, a pesar de lo que diga la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

“Cuando la Auditoría Superior de la Federación hace una investigación, son, como lo mencionas, en algunos casos, casi en la mayoría de los casos, irregularidades, no son actos de corrupción, así de categórico (...) Que si la Auditoría Fiscal de la Federación (sic) hace observaciones a una dependencia, no significa que haya corrupción (...) les puedo poner un ejemplo, acuérdense que la Auditoría Federal de la Federación (sic) estimó en 200 mil millones de pesos lo que se había destinado al aeropuerto del lago de Texcoco y resultó que era la mitad (…) Y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, que tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos de viejo cuño”. 

Aunque, claro, terminó admitiendo que su opinión no podía ser tomada en cuenta: 

“No soy objetivo en este caso, la quiero mucho”. 

¿Será que el mismo criterio valga para Javier Duarte? 

En febrero del 2018, la ASF dio a conocer un “Informe Especial” sobre los resultados de más de 220 auditorías realizadas del 2011 a 2016 a la administración de Javier Duarte en el que se detallaba que el posible daño patrimonial alcanzaba los 61 mil millones de pesos. 

“El camino está claro -me comentó uno de esos políticos de larga experiencia-. Únete a la 4T, confiesa tus pecados, paga la cuota de acceso, y se limpiarán todas tus faltas”. 

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Epílogo. 

La Legislatura de Veracruz no se ha cruzado de brazos. Entienden que algo está fallando en la tarea de crear y reformar leyes, por lo que trabajan ya de la mano del Poder Judicial de la Federación para corregir los errores. *** El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, informó que se busca un plan de trabajo coordinado con los ministros para evitar que más iniciativas sean invalidadas. *** “Tenemos incertidumbre de algunas iniciativas que han sido regresadas -no rechazadas- por el sistema nuevo que está operando en la Suprema Corte sobre las consultas. Pero, pues también nosotros explicamos que el Congreso no tiene un presupuesto para hacer consultas a cada rato por todas las iniciativas en el estado de Veracruz”, explicó. *** Lo más sencillo hubiera sido victimizarse y echarles la culpa a los ministros de la Corte, pero de nada iba a servir. La mejor ruta es corregir los errores, subsanar los huecos que se han dejado, y presentar reformas bien sustentadas. 

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