No podemos decir que son pocos o muchos pero si algunos. Nos referimos a los casos que conocemos de personas que deciden dejar de trabajar pero sin prescindir de su salario y optan por fingir una enfermedad que los invalida para continuar con sus actividades laborales y además consiguen los documentos médicos oficiales falsificados y el apoyo de una organización sindical y así logran su objetivo: dejar de trabajar sin dejar de cobrar.
Hablamos de casos de corrupción extrema que se dan en el medio oficial con todas las circunstancias que arriba mencionamos y los cómplices que se prestan a participar en este entramado. Parece algo difícil de conseguir pero a medida que pasa el tiempo los casos aumentan; en gobiernos anteriores era común este tipo de maniobras fraudulentas dentro de una cultura que avanzó muy pronto, en muy poco tiempo, hacia la práctica de todo tipo de corruptelas.
En el mes de enero del 2019, la dirección del Instituto de Pensiones del Estado, fue alertada de una situación de estas; solicitudes ingresadas por derechohabientes de pensión por invalidez sustentadas con documentos expedidos por el IMSS presuntamente apócrifos, que no correspondían a padecimientos del derechohabiente solicitante. Este pitazo obligó al IPE a requerir la validación de la documentación elaborada por el IMSS, la institución encargada de emitir los diagnósticos de padecimientos a fin de corroborar de manera certera el otorgamiento de las prestaciones solicitadas. El resultado de esta medida permitió al IPE detectar de manera específica que organizaciones sindicales incidían con mayor frecuencia en estas prácticas y cuáles eran los padecimientos emitidos para los trabajadores; de esta manera el IPE encontró que es el sindicato magisterial 5 de Octubre el que tiene la mayor cantidad de trámites presentados de manera personal o sindical y en la mayoría de los casos existía una coincidencia; las y los trabajadores fueron diagnosticados con enfermedades como trastornos de personalidad, pánico depresivo o miedo al futuro, y eran personas jóvenes con antigüedades laborales de entre 15 y 20 años de servicio.
Ante estas irregularidades y como una forma de dar seguimiento a estos casos en la actualidad el IPE realiza un cruce de información con la Secretaría de Educación de Veracruz y otros entes, con la finalidad de contar con todo el historial de incapacidades médicas y detectar si estos trabajadores tienen cambios de adscripción laboral para recibir atención médica en las unidades de salud familiar del IMSSS, se hace una validación de los documentos que sustentan el pronóstico funcional del trabajador y la emisión de oficios de no aptitud para el trabajo de manera definitiva.
Y como parte de un proceso interno, el IPE ha citado a algunos derechohabientes para que mediante un médico perito en salud laboral, contratado ex profeso por el IPE, acción sustentada en el artículo 12 de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, emita un dictamen médico.
Los resultados de este mecanismo de validación han sido exitosos, tanto que se han determinado casos en los que no existe el padecimiento señalado en la documentación emitida por el IMSS poniendo estos casos a consideración del Consejo Directivo del IPE, y negando la solicitud de la pensión por invalidez. En el 2022 el Consejo Directivo del Instituto declaró improcedentes doce casos con documentación no autentificada por el IMSS lo que ha propiciado que en algunos casos los derechohabientes rechazados, gestores sindicales e incluso las mismas dependencias que expidieron las bajas del servicio activo se han acercado al Instituto para conocer la situación de los expedientes que contienen documentos apócrifos.
Es preciso mencionar que ha sido personal del sindicato magisterial 5 de Octubre, entre gestores o el mismo Secretario General, los que hacen entrega de estos documentos no autentificados y al mismo tiempo que solicitan la pensión por invalidez cuando ya se les ha dado la baja del servicio activo definitiva, pidiendo a los solicitantes cantidades de dinero (moches) o porcentajes por pagos que están por generarse como es el Seguro Institucional, a cambio de continuar con los trámites en el IPE, donde en esta administración, la que dirige Daniela Griego Ceballos, la corrupción se ha combatido en serio con resultados que saltan a la vista tanto en la infraestructura de la institución (todos sus inmuebles) como en el manejo de sus finanzas.
Se va cargada la Chío Nahle
Pues nada, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en su tercera entrega de la revisión a la cuenta pública de 2021, que durante la construcción de la refinería Dos Bocas se pudo incurrir en un daño a la hacienda pública de poco más de 115.48 millones pesos cometido por la directora de la obra, la zacatecana Rocío Nahle García, protectora de la bola de delincuentes que saquean Veracruz al amparo de cargos como secretarios de finanzas, por ejemplo.
El organismo publicó esta tarde que el probable daño sólo toma en cuenta algunos contratos ejecutados durante ese año. La Auditoría realizó siete auditorías relacionadas con el proyecto, que involucró la etapa de plataformas y los seis paquetes en que se dividió la construcción. La cifra total analizada fue de 62,835 millones de pesos.
Los 115 millones de pesos que señala como “daño o perjuicio” resulta de la suma de los informes individuales presentados esta tarde. En los textos se lee que estos daños al erario podrían ser resultantes principalmente de pagos hechos en exceso.
El probable daño más cuantioso, por más de 64 millones de pesos, estaría relacionado con un contrato para el desarrollo de ingeniería, procura y construcción del paquete 4 de la construcción de la refinería, que incluyó la puesta en marcha de las plantas de aguas amargas, tratamientos de gases y regeneradoras de aminas. Pero en todos los paquetes detectó irregularidades, aunque en menores montos.
Convocan a la marcha del domingo
Para defender la Democracia y la Libertad es un deber ciudadano, y en esta ocasión, defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos hemos construido, ha permitido la convivencia a que todo país aspira, y en ello la competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la progresiva ampliación de las libertades en estos últimos treinta años.
Es por eso que ciudadanos de muy diferentes orientaciones políticas y extracciones , integrantes de organizaciones sociales y personas sin filiación política convocamos a una concentración ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Zócalo de la Ciudad de México a las 11 horas, misma que se replica en por lo menos 80 ciudades de México y el extranjero.
A nivel nacional participan un sinnúmero de organizaciones civiles; en Xalapa, activamos la convocatoria: Misión Rescate México, Poder Ciudadano, Frente Nacional por la Familia, Frente Cívico Nacional, Sí por México, Unidos, Alianza de Maestros y Unión Nacional de Padres de Familia. A esta iniciativa se han integrado otras organizaciones como Observatorio Cívico, Coalición Ciudadana, Ver por Veracruz, Colectivo Ciudadano Región Veracruz, Frente Nacional Ciudadano, así como la ciudadanía en general.
El próximo 26 de febrero de 2023 llevaremos a cabo una Marcha y Concentración, pacífica, ordenada y respetuosa, saliendo a las 10:30 am., del Teatro del Estado, para recorrer la Av. Ávila Camacho, Viaducto, Zaragoza, Primo Verdad, y Enríquez, concluyendo en la Plaza Lerdo.
En el estado de Veracruz, también habrá manifestaciones en el Puerto de Veracruz, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, San Andrés Tuxtla, Córdoba y Misantla. Las ciudadanas y los ciudadanos esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proteja la ley máxima de los mexicanos y declare la inconstitucionalidad del “Plan B”, porque viola los artículos 35, 40, y 41, referentes al voto libre en elecciones auténticas y democráticas, viola la autonomía constitucional del INE, pero, además, porque abre la posibilidad de infinidad de irregularidades dice la convocatoria que ayer fue dada a conocer: ¡A defender la democracia!
Más de 600 denuncias contra Esquivel
La ministra Yasmín Esquivel Mossa, la chiquiona de El Peje, suma más de 600 denuncias en su contra presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso del supuesto plagio de su tesis de licenciatura. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) de la Corte, remitió 626 denuncias presentadas contra la ministra a la Presidencia del Máximo Tribunal.
Estas denuncias, fueron anexadas a la consulta al Pleno iniciada por la ministra presidenta, Norma Piña sobre el trámite que debe darse a las mismas al tratarse de señalamientos en contra de un integrante de la Corte por hechos ocurridos antes de su designación en el cargo.
La consulta fue iniciada porque no existe un precedente en la Corte de un caso como el de Esquivel Mossa y fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que sea él quien haga una propuesta al Pleno sobre qué hacer con las más de 600 denuncias. Los escritos fueron presentados por diversos ciudadanos que consideraron que, ante la posibilidad de que la ministra Esquivel Mossa resulte culpable de plagiar su tesis de licenciatura, esto ya dañó su reputación y la honorabilidad con la que debe contar para ocupar un lugar en el Pleno de la Corte.
En consecuencia, los denunciantes han solicitado al Máximo Tribunal, determinar si se debe destituir a Esquivel Mossa por no cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución para ser ministra. Ello, tomando en consideración que además las acusaciones contra Esquivel Mossa han dañado la imagen de la Corte y de la UNAM.
REFLEXIÓN
A Julio César Eloss Moctezuma lo dejé de ver hace algún tiempo, sin embargo nunca dejé de tener hacia él un especial aprecio y reconocimiento. Julio fue una persona respetable, sencillo, culto, amable y extraordinario ser humano. La madrugada de ayer me enteré que había muerto en la ciudad de México y me sentí deprimido y triste, se fue uno de los veracruzanos más valiosos. Descanse en paz… Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
