El Senado –órgano que nos sale demasiado caro para actuar como una vulgar oficialía de partes del Ejecutivo- debió nombrar desde marzo del año pasado a dos comisionados que dejaron vacantes sus puestos, y en este mes debió designar a uno más, en sustitución de Francisco Javier Acuña, quien dejará el Inai el próximo sábado.
Con uno de los tres que hubiesen nombrado, se habría salvado la viabilidad de la operación del Instituto. Pero a pesar de los llamados de la oposición, de la sociedad civil y del propio Inai, Morena simplemente se negó a nombrar a nadie que no fuera afín a sus intereses. Y aunque el plazo vence mañana, la Cámara ya no sesionará.
Hay que precisar que a principios de mes habían sido nombradas dos personas como comisionadas, nombramientos que fueron vetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el pretexto de que ambas tenían nexos políticos inaceptables. Pero la realidad es que se trataba de un mero pretexto para acuchillar al órgano que ha hecho posible que se conozcan todas las corruptelas de éste y los anteriores gobiernos.
El operador de la paralización del Inai no fue otro que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, al que algunos ingenuos –por llamarles amablemente- todavía lo veían como una opción desde la oposición una vez que sea oficialmente descartado como candidato presidencial por López Obrador. Repugnantemente simulador, es un alfil más de un régimen destructor.
La transparencia y la rendición de cuentas eran conceptos inexistentes en el entramado institucional del país antes del año 2000. Sin temor a exagerar, son el principal logro de la transición democrática y de la alternancia en el poder en el México post PRI-hegemónico.
Sin el Ifai-Inai, organismo que surgió de una demanda de la sociedad civil y no como graciosa concesión de gobierno alguno, no habrían podido conocerse casos como el de las empresas fantasma de Javier Duarte, la Estafa Maestra del gobierno de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, los contratos de la prima Felipa Obrador con Pemex o la monumental estafa de Segalmex, estos dos últimos casos botones de muestra de la corrupción rampante en el gobierno de López Obrador.
Y por eso quieren acabar con el Inai, porque no soportan –y no pueden- rendir cuentas. Y justifican la embestida bajo argumentos pueriles y estúpidos como que representa un gran gasto o que es una institución “neoliberal”. Pendejadas propias de la retórica de un régimen impresentable, antidemocrático, opaco, autoritario y deshonesto.
Aunque en algo sí son congruentes. Como herederos del priato, como la “cuarta transformación del PRI” que es Morena, detestan de la misma manera que aquellos la rendición de cuentas. Por eso la quieren dejar morir de inanición.
Asueto
La Rúbrica y su autor se tomarán un descanso durante el periodo vacacional que inicia. A sus lectoras, lectores y editores, muchas gracias y felices Pascuas.
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