Mayo es de conmemoraciones significativas para nuestro país, casi tanto como septiembre. De original cuño socialista, el 1° de mayo se festeja como el día internacional del trabajo o de los trabajadores, representativo de la contradicción de intereses entre Capital y Trabajo, hoy día de renovada expresión dada la extensión del concepto “obrero” a todo “asalariado”, o viceversa, que tiene significativos antecedentes seglares impregnados de violencia: el luddismo o destrucción de las máquinas por los obreros ingleses desplazados de las fábricas, con su punto culminante en 1811-1812; el cartismo (Carta del Pueblo, 1837) o petición política de los obreros a la Cámara de los Comunes inglesa por derechos de sufragio, pago justo y representación política; las revoluciones socialistas europeas de 1848, iniciadas en Francia, que provocaron la caída de varias monarquías, aunque de duración efímera; y la simbólicamente histórica muerte de los Mártires de Chicago, que iniciaron su huelga el 1° de mayo de 1886. Estos hechos provocaron, en 1889, la institucionalización internacional del 1° de mayo; pero, en curiosa dialéctica, sólo en Estados Unidos -y Canadá- no se festeja en esa fecha, sino el 1° de septiembre. Actualmente, la manifestación de obreros o asalariados sigue teniendo nuevos bríos, frente al predominante fenómeno general de empobrecimiento e, incluso, depauperación de los asalariados de todas latitudes y, con breves y rarísimas excepciones, particularmente cierto en América Latina, frente a los fenómenos de neoliberalismo y globalización que desde fines de los 80´s del siglo XX, generaron una concentración desigual de la riqueza, sin precedentes relativos ni absolutos en la historia mundial.

En cambio, el 5 de mayo es muy nuestro y muy festejado, con justificada razón histórica. El enfrentamiento de liberales y conservadores durante la década de 1850´s, con proyectos políticos de nación irreconciliables, la expedición de la Constitución del ´57, las diversas revueltas que antes y después de esta fecha produjeron la división de los Estados y del país, y la inmediata Guerra de Tres Años, tuvo como resultado el triunfo del ala liberal, con Juárez a la cabeza del gobierno federal y la plena aplicación de las Leyes de Reforma, promulgadas desde 1859. Con una hacienda pública exhausta, Juárez suspendió el pago de la deuda a usureros británicos, españoles y franceses. El emperador de este último país, Napoleón III, animado por monarquistas mexicanos residentes en Europa, pretextó la ausencia de pagos para realizar la intervención armada en nuestro país, acompañado de británicos y españoles, aunque estos dos últimos fueron convencidos por el ministro Manuel Doblado, en el puerto de Veracruz, de que la falta de pago era temporal. El 17 de abril de 1862 los franceses invadieron el país, avanzaron, y el 4 y 5 de mayo el conde Lorencez era derrotado por Zaragoza. Pocos años adelante llegaría la derrota definitiva del ejército francés y la muerte de Maximiliano en 1867, con lo que se dio fin al último intento imperial en suelo mexicano. Aunque esto lo sabemos los mexicanos, menos conocida es la convicción de nuestros historiadores de que, antes de estos hechos, la disputa o desunión internas habían impedido alcanzar la constitución de nuestro ser nacional, y que después de medio siglo de incertidumbres e indecisiones, el verdadero triunfo fue que el 5 de mayo detonó la conjunción del sentimiento colectivo de mexicanidad con la idea histórico-social de nación. En la victoria, el Gral. Ignacio Zaragoza informó vía telégrafo al presidente Juárez: “Las armas nacionales se han cubierto de gloria”. Indudablemente, así fue.