La diputada priista Melisa Vargas Camacho presentó videos y fotografías en los que claramente se observan vehículos oficiales del Gobierno de Veracruz –concretamente, del DIF estatal- movilizando personas con chalecos de Morena en colonias de Toluca para realizar proselitismo en favor de la abanderada a la gubernatura mexiquense. Un delito electoral cometido en abierto, a plena luz del día.
Ni siquiera hubo que indagar mucho para saber quién estaba directamente coordinando ese “operativo mapache”: el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, “presumió” en sus redes sociales que precisamente este fin de semana se trasladó a Toluca a hacer campaña por Delfina Gómez, con quien además se reunió, como él mismo evidenció en sus fotografías. Ella no puede alegar que no sabía lo que pasaba.
“Como nos instruye nuestro Gobernador Cuitláhuac García, la fortaleza de la 4T está en sus ciudadanos, con los que transformamos a México y al Veracruz que #NosLlenaDeOrgullo”, publicó en sus redes Cisneros –implicando al mandatario, de paso-, quien fue acompañado al Estado de México por uno de sus subordinados en la Secretaría de Gobierno, el ex priista-fidelista Rafael Castillo Zugasti, director del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, órgano que maneja recursos que se supone debieran destinarse para capacitaciones y gestiones en los municipios veracruzanos, pero que ahora vemos a dónde han ido a dar.
La diputada que exhibió el uso electoral de los vehículos del gobierno de Veracruz explicó que ya denunciaron estos hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y ante el Instituto Electoral estatal. Aunque no se espera que suceda mucho con eso.
Pero lo relevante es que esto es apenas un atisbo de lo que vendrá y que, de hecho, ya está sucediendo de cara a la sucesión en la Presidencia de la República y, particularmente, en la gubernatura de Veracruz.
Todo el aparato del Estado será volcado sin miramientos para favorecer al nuevo partido oficial y reeditar la “aplanadora” con la que su antecesor, el PRI, resolvía el acceso a las instancias de poder. No escatimarán recursos y obligarán a los burócratas –habilitados como “mapaches” electorales- no solo a hacer campaña por los candidatos de Morena, sino hasta a incurrir en delitos que, de acuerdo con la legislación actual, son acreedores de cárcel directa y fulminante, al ser tipificados como graves. Como los de este fin de semana en el Estado de México o los que cometen toda la semana repartiendo propaganda morenista en los municipios de Veracruz.
Se avecina un fraude electoral de proporciones históricas para asegurar la permanencia del actual régimen en el poder y el control de las cámaras del Congreso de la Unión. No por nada ya hasta están hablando de ir por el “carro completo”, adoptando como suya, sin pudor, la más antidemocrática jerga priista.
Ése es en realidad el “plan C” del obradorato. La restauración del viejo régimen en su forma más autocrática. En el fondo, eso es lo que siempre quisieron ser.
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