Prefacio.
La postura del gobierno estatal respecto Rogelio Franco Castán (aquel que fuera secretario de Gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares) es, por decir lo menos, criminal. *** La defensa de Rogelio Franco consiguió un amparo más, ahora contra la prisión preventiva que le fue aplicada tras vincularlo a proceso por el delito de violencia familiar. *** “Hemos obtenido amparo en contra de la prisión preventiva impuesta en el proceso penal de violencia familiar con efectos inmediatos de cumplimiento. De no haber sido procesado la semana pasada por un insostenible delito de sustracción y retención de menores, en las próximas horas estaría obteniendo su libertad. Con esta resolución, sumamos once sentencias amparadoras contra resoluciones dictadas en todos los procesos penales que se la han instaurado. Una vez más, sólo queda una prisión preventiva”, explicaron sus abogados. *** El amparo 6/2023 resuelto por el Juzgado Primero de Distrito, plantea que en la medida impuesta por la juez de control Mónica Segovia Jácome (privación de la libertad por un año) no estaba motivada, sólo tomó en cuenta los argumentos de la Fiscalía y eludió los argumentos de la defensa. *** Este amparo ordena a la juez responsable que, en 24 horas a partir de la notificación, establezca fecha y hora para citar a audiencia de cumplimiento dentro de los siguientes cinco días donde “deberá dejar insubsistente la medida dictada en diciembre de 2022 y poner una o varias medidas más, pero diversas a la prisión preventiva”. *** Además, no podrá abrir un nuevo debate al respecto, sino que tendrá que resolver con lo que ya argumentaron las partes, incluidos los yerros de la Fiscalía. *** Destino similar tendrá, seguramente, el proceso que se le inició por sustracción de menores, con lo que ya estaría en posibilidades de obtener su libertad, siempre y cuando -claro está- no se les ocurra inventar otra imputación.
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Decía el filósofo alemán Walter Benjamín: “Una perfecta mezcla de decisión y sumisión caracteriza siempre a los lacayos, como si a la casta de los Señores no le gustara dar órdenes a seres incapaces de impartirlas”.
Han sido realmente magros los beneficios conseguidos por Cuitláhuac García con su plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Está claro que el principal fin de ese acarreo era rendir pleitesía a su jefe político, el presidente López Obrador, demostrándole -con hechos y no sólo con palabras- que “en Veracruz se le apoya”.
Nada de esto -por supuesto- es gratuito. El gobernador de Veracruz tiene preparada su lista de peticiones para el dueño de Morena y la 4T, en la que se incluye, quizá como número uno, la posibilidad de opinar o sugerir en el tema de su relevo.
Aunque muchos la dan por hecho, la postulación de la zacatecana Rocío Nahle no ha sido confirmada por el presidente y, por lo tanto, Cuitláhuac García empujará para que “la encuesta” se cargue hacia ese lado, a pesar de que hoy por hoy la figura dentro de las filas de Morena que sale mejor posicionada es el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued.
El desplante del veracruzano ha sido criticado por propios y extraños.
El mismo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, negó cualquier participación de ese partido en la movilización promovida desde Veracruz.
“No tenemos ninguna convocatoria para afuera de la Corte, andamos metidos en Coahuila, andamos metidos en el Estado de México. Ellos me comentaron que van a hacer una marcha, justo ese día, el 20, en Veracruz. Estamos muy metidos trabajando en los dos estados donde hay elecciones, son estados importantes para nosotros y estamos concentrados en eso”.
En Veracruz, el diputado federal José Yunes Zorrilla sostuvo que se trató de una “cortina de humo”, para desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el país como la violencia, la inseguridad, las desapariciones, la inflación y la corrupción.
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, lamentó que mientras Veracruz “arde en llamas” por la inseguridad, el gobernador prefiere enfocarse en participar en una marcha en contra de la Suprema Corte.
“Tenemos a un Cuitláhuac García que elige sumarse a una manifestación convocada por los legisladores morenistas, en vez de priorizar la paz y tranquilidad de los veracruzanos”.
La “jugada genial” no le salió al gobernador como esperaba, no sólo porque no tuvo el impacto que pretendía en el presidente, sino que -además- mostró una muy baja convocatoria, a pesar de que sus “operadores” recurrieron a las amenazas para “convencer” a la burocracia veracruzana a que acudiera, pagando sus gastos, a dicho plantón.
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Epílogo.
Y mientras el gobernador de Veracruz ocupaba su tiempo en la coordinación del acarreo a la Ciudad de México, acá en la entidad, los maleantes se servían con la cuchara grande: masacres, cadáveres embolsados y ejecuciones en diversos puntos de la entidad. *** Las autoridades estatales insisten que no nos preocupemos, pues lo que pasa es que “los malos se están matando entre ellos”. *** En el centro de Papantla, en el bar llamado “El Indio”, un grupo armado asesinó a tres personas, y además se dio el lujo de grabar el ataque y subirlo a redes sociales. *** Estos hechos ocurrieron la noche del jueves 18 de mayo. Varios sujetos ingresaron al bar, ubicaron a sus objetivos y dispararon varias veces contra ellos. *** El fin de semana, el gobernador aseguró que “ya se tienen avances importantes” en las indagatorias sobre esos hechos y repitió su discurso de que se trata de “ajustes de cuentas” entre grupos de la delincuencia organizada que se pelean “la plaza”. *** ¿Qué tan lucrativa será “la plaza”, como para que esté costando tantos muertos? *** El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del decreto que declara a la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, como obras de seguridad nacional y de interés público. *** El INAI advirtió que la publicación de ese decreto es una violación a la suspensión otorgada por la SCJN en la controversia constitucional 217/2021, que el mismo INAI interpuso para impugnar el Acuerdo del 22 de noviembre de ese mismo año, por el cual el Ejecutivo federal declaró como de seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal. *** Al admitir la controversia constitucional, la SCJN determinó procedente entonces la suspensión de todos los efectos y las consecuencias del acuerdo. *** El Inai indicó que el decreto publicado este jueves por el presidente López Obrador se encuentra en los mismos términos del acuerdo de noviembre de 2021 y, en ese sentido, viola la suspensión otorgada por la Suprema Corte. *** “Es importante precisar que la suspensión se encuentra vigente, debido a que la controversia constitucional no ha sido resuelta en su totalidad. Si bien la Suprema Corte determinó la invalidez del acuerdo del 22 de noviembre de 2021, lo cierto es que no se dictaron los efectos de la sentencia, con lo cual no se puede considerar como un asunto totalmente concluido. Por tanto, debe quedar claro que los efectos de la suspensión no han cesado”, aseguró el Inai.
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