Prefacio.

Un oportuno aviso a la militancia del PRI: Pepe Yunes no tiene “gallo” para la dirigencia estatal del PRI, en sustitución de Marlon Ramírez. *** Conoce a todos los que aspiran a ocupar ese cargo, con todos ellos ha dialogado, pero a todos les ha dejado claro que no le corresponde influir en la decisión de la militancia y que él hace trabajo político para la construcción de una amplia alianza de las fuerzas opositoras y la sociedad civil, con miras a las elecciones del próximo año. *** Ante la inminente conclusión del encargo de Marlon Ramírez como presidente del comité estatal del PRI, han sido mencionados al menos seis destacados militantes de ese partido: Fernando Kuri, Cirilo Vázquez, Ramón Reyes, Carolina Gudiño, Adolfo Ramírez y Manuel Guerrero. *** Varios de ellos se han acercado al diputado federal por el Distrito de Coatepec, pues con todos tiene contacto, a todos los conoce, pero ninguno se puede presentar como “la propuesta de Pepe”. *** Aún no hay convocatoria para hacer el relevo en la dirigencia priista, pero parece haber consenso para que se realice mediante consulta a la base, lo que significaría un procedimiento largo, que podría empalmarse con el inicio del proceso electoral. *** Una alternativa sería que el Comité Nacional nombre a un delegado en funciones de Presidente, hasta que se encuentre el mejor momento para realizar el relevo estatutario.

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Es alarmante que la más alta autoridad en materia de impartición de justicia en Veracruz, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, haga gala de su ignorancia en materia de Derecho.

Eso se se podría justificar en su “padrino político”, el gobernador Cuitláhuac García, pues no es abogado. Pero ella, de quien se supone debe dominar el marco jurídico que nos rige, no puede salir a los medios a pretender sorprender a la opinión pública.

La titular del Poder Judicial en Veracruz sale a decir que la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) se seguirá aplicando “en tanto la Constitución Política lo estipule” y advierte: “como juzgadores estamos obligados a aplicar la ley de manera estricta, entonces no es una cuestión que dependa de los juzgadores o de mi opinión o mi punto de vista. Simplemente nosotros tenemos que acatar la ley y mientras se encuentre prevista en la Constitución nosotros vamos a actuar conforme a la ley”.

En efecto, el artículo 19 de nuestra Carta Magna hace referencia a una serie de delitos en los que se debería aplicar, de manera automática (oficiosa) la medida cautelar de prisión, a pesar de que el imputado no haya recibido sentencia y, por lo tanto, se esté en contra de otro principio constitucional: la presunción de inocencia.

Pero, además, la misma Constitución federal, a la que hace referencia la magistrada Jiménez Aguirre, ordena en su artículo primero: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Bueno, pues uno de esos tratados a los que México está suscrito, el que da suscrito, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), acaba de emitir una sentencia dirigida al gobierno de México (caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México) en la que establece:

“Al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de las condiciones que justifican y hacen necesaria la privación de la libertad”.

La CIDH recordó que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone en su artículo 27 que “un Estado parte (que es el caso de México) no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de convencionalidad”.

No se trata, entonces de elegir qué partes de la Constitución les conviene más aplicar. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tratados internacionales, establecen que, al momento de analizar cada caso, los jueces deben privilegiar el “principio pro persona”. Esto es, que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá optar por la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.

Otra falsedad de la magistrada presidente es sugerir que, gracias a la aplicación de la Prisión Preventiva Oficiosa, han bajado los índices de criminalidad. Son falsas las dos premisas, pues está demostrado que penas más severas no impactan en la incidencia de los delitos, y tampoco es cierto que haya una disminución en los casos de delitos que hoy están incluidos en el artículo 19 de la Constitución.

Es lamentable que en Veracruz se aplique aquella máxima dictada por el presidente López Obrador: 90 por ciento de lealtad, 10 por ciento de capacidad”.

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Epílogo.

Bien dicen que “honrar honra” y el Delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, mostró su congruencia política al rendir un merecido homenaje póstumo al político veracruzano, Fidel Robles Guadarrama. *** La carrera política de Manuel Huerta y de Fidel Robles tuvo muchos puntos de coincidencia y el funcionario federal le reconoció su compromiso de servir al pueblo y su aportación para la construcción de la democracia y la transformación de la vida de México y Veracruz. *** Sobre Fidel Robles Guadarrama, Manuel Huerta dijo que fue un ejemplar revolucionario de la política y recordó que en la juventud ambos caminaron desde la oposición de izquierda para construir un movimiento de transformación en el país, además de construir una gran agenda social para el bienestar de la población. *** La información aportada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) es contundente: el Estado de Veracruz ocupó el lugar número 27 el año pasado en materia de competitividad y, lo más relevante es que esa deplorable posición la alcanzó, en gran medida, por el bajo desempeño de su gobernador. *** En su medición anual, el IMCO la percepción ciudadana sobre sus gobernantes y si los consideran capaces de influir positivamente en la competitividad de sus respectivos estados. *** Según esa encuesta, el gobierno de Cuitláhuac García cayó 5 lugares, pues en el 2021 ocupaba la posición 21 y al año siguiente bajó hasta el lugar 26. Fue la entidad que más lugares bajó. *** De acuerdo con esta encuesta, los veracruzanos consideran que el Gobierno del Estado, no cumple con el objetivo de aplicar políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. También falla con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía. *** Hoy se ríen de esas mediciones, pero el próximo año se convertirán en pesadas losas para sus candidatos.

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