El segundo, que tiene que ver con siquiera proponer la posibilidad de entrar en negociaciones de un posible “pacto de paz” con los líderes de los grupos del crimen organizado, esos que fuera del marco constitucional han atentado contra el mismo estado plenamente constituido.
Así de buenas a primeras el presidente hace oídos a las voces de las madres de familia –buscadoras- que, en su desesperación por encontrar a sus hijos e hijas, buscan encontrar respuesta a su incansable búsqueda.
Pero cuales pudieran ser las repercusiones de si quiera intentar explorar estas ideas, propuestas o iniciativas, valdría la pena señalar que un caso similar se está desarrollando en una nación hermana, en donde la consecuencia de una acción de esta naturaleza le está costando a su ex presidente una condena de 14 años de cárcel.
“Una tregua pactada entre pandillas durante el mandato del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, llevó a la Justicia de ese país a investigar el papel del entonces jefe de Estado.”
“Según la Fiscalía, la sentencia total de Funes se divide en ocho años por el cargo de “agrupaciones ilícitas” y seis por “incumplimiento de deberes”. El exmandatario, que actualmente se encuentra asilado en Nicaragua, fue juzgado en ausencia.”
Junto con él también fue condenado el general David Munguía Payés, quien se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad durante el mandato de Funes. Este recibió 18 años de prisión, casi un lustro más que su antiguo jefe, por “actos arbitrarios”.
Así está el escenario en El Salvador. Pero regresando a México, la propuesta nació del llamado realizado por la buscadora Delia Quiroa, del colectivo “10 de marzo” quien en una carta dirigida a líderes del narcotráfico pidió llegar a un acuerdo de paz para frenar la desaparición forzada de personas.
Ante esta situación, la activista propuso a los líderes de los cárteles de Sinaloa; del Noreste; del Golfo; de Tijuana; Jalisco Nueva Generación; los Zetas Vieja Escuela; de los Salazar; de Ciudad Juárez; de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana y/o Los Caballeros Templarios, la firma de un “Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz”.
Aun cuando México vive actualmente una crisis de desaparecidos, donde hay más de 112 mil personas no localizadas y 52 mil cuerpos sin identificar, el hablar de un pacto se convierte abiertamente en una alta traición.
No olvidemos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y todos sus funcionarios protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución, el no hacerlo se define literalmente como traición y si recurrimos a la simple definición de la misma Real Academia de la Lengua Española encontraríamos una respuesta al comportamiento de quien hoy detenta el Poder Ejecutivo.
Traición: “Delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria.”
Y que es alta traición: “traición cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado.”
¿Será que este pacto sea una traición o una solución? No dejemos de lado que sería impensable sentarse a negociar con quienes han asesinado, secuestrado, mutilado, quienes no tienen palabra respecto a su comportamiento basados en el mismo hecho de que han realizado su actividad al margen de la misma Constitución.
Normalizar la violencia es entregarle carta de naturalización a los delincuentes. Pero usted saque su mejor conclusión.
Sextante
Lo ejecutado por las dirigencias nacionales del PVEM y PT en Coahuila es la confirmación del chaqueterismo político más vil y ruin del que se tenga memoria. Evidencia claramente que lo suyo es simplemente garantizar el acceso al recurso público –prerrogativa-, gran botín de la franquicia, lo demás –principios, valores- valen madre. Así que cuando llegue el momento en la próxima elección en Veracruz ya sabe por qué partidos no votarán, pues lo que les interesa es hacer negocio simple e infamemente, los temas nacionales y estatales simplemente no interesan.
Al tiempo.
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