David Agustín Jiménez Rojas, actual comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), es un abogado oriundo de la Ciudad de México que en agosto próximo cumplirá 39 años de edad.

Actualmente lo consideran cercano al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder del Congreso local, pero hasta hace un par de años era muy allegado al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, pues de diciembre de 2018 a septiembre de 2020 se desempeñó como director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado. Luego, de septiembre de 2020 a septiembre de 2021 fue representante propietario de Morena ante el Consejo General del OPLE, y desde el 19 de octubre del año antepasado es comisionado del IVAI, el cual aspiraba a presidir.

En la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en la que Rocío Nahle, actual secretaria de Energía y fuerte aspirante a la gubernatura de Veracruz, fue coordinadora del primer grupo legislativo de Morena, Jiménez Rojas se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, de octubre de 2015 a agosto de 2018.

Antes, de agosto a octubre de 2015 fue Asesor Jurídico de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Dirección de Resoluciones y Normatividad del INE. Anteriormente, de 2014 a 2015, se desempeñó como Asesor Jurídico de la Vocalía del Secretariado de la 27 Junta Distrital Ejecutiva del INE, en la que se encargó desde elaborar contratos hasta contestar requerimientos por autoridades administrativas y judiciales; elaborar informes, sustanciar y resolver Procedimientos Especiales Sancionadores y diversos medios de impugnación, notificaciones a partidos políticos y ciudadanos, así como estar investido de fe pública por mandato del Secretario Ejecutivo del INE para actos de naturaleza electoral. Además, elaboró actas, tanto como del Consejo como circunstanciadas; acuerdos, razones e informes circunstanciados de diversos procedimientos y medios de impugnación.

En su perfil del portal del IVAI destacó entre sus “habilidades” las de “analizar, interpretar, formular críticas, generar informes, integrar información digitalizada”. También presumía su “habilidad para ser líder de grupos de trabajo y realizar propuestas de resoluciones, realizar, desarrollar e integrar proyectos de investigación que requieren de la expresión oral y escrita”.

En cuanto a sus “Actitudes” se definía como una “persona seria, responsable y dedicada que cree firmemente en el trabajo colaborativo y el desarrollo personal”. Igualmente resaltaba su “disponibilidad a la superación y desarrollo de mis capacidades”. Se consideraba “creativo, eficiente, enérgico, (con) capacidad de planeación y autoaprendizaje, versátil, visionario, proactivo, enfoque positivo, compromiso, comunicación, liderazgo.”

Y al referirse a sus “Logros/Resultados” se ufanaba de haber “superado todas las dificultades, metas, retos que se han presentado a lo largo de mi vida, por lo que me considero una persona resiliente y capaz de lograr todo aquello que me proponga”.

Ahora está por saltar –¿o asaltar? – a la presidencia del IVAI, lo que desde 2021 se proponía. Sin embargo, desde el año pasado enfrenta un grave problema: la Fiscalía le abrió la carpeta de investigación número FIM/F8/140/2022, por lo que tuvo que promover el amparo número 157/2023 ante un juez federal para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra por un presunto acto ilegal que habría cometido como director general del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado, un caso que debe resultarle harto penoso ya que muy incongruentemente no se ha atrevido a dar la cara a la opinión pública y defenderse de lo que se le acusa, pues es más que evidente que en lo que se le ha implicado no se trata de un asunto particular o privado sino de una facultad oficial que le fue delegada como funcionario del Gobierno del Estado y que habría ejercido indebidamente.

Por ello, también, es que antes de aspirar a presidir el IVAI lo más sensato y congruente sería que solicitara licencia para separarse de su cargo en lo que enfrenta el proceso penal.

Habrá que ver si la madrina política que supuestamente lo recomendó en Veracruz sigue abogando por él. Porque además ha hecho obvio que ya no confía en el padrinazgo en el que se cobijó últimamente, ¿o por qué ha requerido el amparo de la justicia federal ante el riesgo de caer en prisión?