A diferencia del gobernador saliente de Jalisco, Enrique Alfaro, el mandatario de Nuevo León, Samuel García, ambos de Movimiento Ciudadano (MC), rechaza rotundamente que el partido naranja se alíe con el Frente Amplio por México para la sucesión presidencial de 2024.

Los dos gobernadores de MC tienen intereses diferentes. Alfaro Ramírez, con encuestas en mano, sabe que sin la suma del bloque PAN-PRI-PRD, el año entrante entregará el poder al candidato que postule la coalición Morena-PT-PVEM. En cambio, la sucesión de García Sepúlveda será hasta 2027.

Alfaro ganó en 2018 la gubernatura jalisciense como candidato de MC por la fuerza política de su grupo, que ahora ha venido a menos por el inevitable desgaste del ejercicio del poder. Se quiere ir en paz y dejar en su lugar al senador Clemente Castañeda, su amigo, o al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, impulsado por el dirigente nacional Dante Delgado, los mejor posicionados. Hace cinco años, al ser declarado gobernador electo, se desvinculó públicamente de MC –del cual no es militante, según aclaró– y anunció que se retiraría de la política cuando concluyera su administración estatal y que tampoco volvería a contender por ningún otro cargo público.

“A partir de esa decisión, el único objetivo que habrá en la tarea que voy a desarrollar en los próximos seis años, será construir el mejor gobierno en la historia del estado”, expuso. Para ello, expresó su respeto al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y anunció que buscaría reunirse con él y su equipo para armonizar algunas de sus propuestas.

A pesar de algunas diferencias, Alfaro y AMLO han mantenido buena comunicación como gobernantes. Casualmente, la tarde del pasado martes 11, en medio de la resistencia de MC para sumarse con el PRI y el PAN a la alianza opositora para 2024, el gobernador jalisciense se reunió con el tabasqueño en Palacio Nacional. En su cuenta de Twitter, Alfaro afirmó que fue una “buena reunión”, y que “en medio de tantos temas de la agenda política, hoy estuvimos platicando de lo que nos une como gobierno de la República y como gobierno del estado”.

 El mandatario tapatío detalló que hablaron sobre el pacto fiscal, el abasto de agua para la Zona Metropolitana, de los avances de la línea 4 del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara y, por supuesto, abordaron el espinoso tema de seguridad en la entidad. Precisamente, esa misma noche, el gobernador publicó en sus redes sociales que “personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco y Policía de Tlajomulco sufrió un cobarde ataque con artefactos explosivos, que preliminarmente causaron la muerte de tres compañeros de la policía municipal y de la Fiscalía, así como 10 personas lesionadas.”

Por su parte, Samuel García, ante el prolongado estiaje, recibió del presidente apoyo en infraestructura para remediar a futuro el abastecimiento de agua que demanda la zona metropolitana de Monterrey; también salió en su defensa ante el amago de los diputados locales del PAN y PRI que pretendían iniciarle juicio político por la disputa por la designación del titular de la Fiscalía General del Estado, y recientemente accedió a que la megaplanta de automóviles eléctricos, Tesla, del magnate Elon Musk, se instalara en Santa Catarina, Nuevo León.

Además de que, en 2021, cuando contendía como candidato de MC a la gubernatura, el gobierno federal paró una investigación que le había iniciado desde 2019 por presunta evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita –que ascendían en total a 214 millones de pesos–, que involucraba también a su padre Samuel García Mascorro, a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, y a su suegro Jorge Rodríguez Valdez, quienes no habían reportado transacciones millonarias al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con datos de la investigación oficial publicados en su momento por el medio digital Animal Político, dicho informe había sido reportado al Instituto Nacional Electoral (INE) que, a su vez, turnó el caso a la Comisión de Fiscalización para investigar si existía algún financiamiento electoral ilegal porque la indagatoria había arrojado también depósitos al partido Movimiento Ciudadano.

Según se detalló, las operaciones en proceso de investigación incluían depósitos por 26 millones de pesos de una empresa confirmada como “fantasma” por el SAT, 170 millones de pesos triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero, además de consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito y retiros millonarios en efectivo.

¿Alguien cree entonces que MC se aliará con el PAN-PRI-PRD? El pretexto es que, “con el PRI, ni a la esquina”, como lo reiteró anteayer Alejandro Piña Medina, recién designado coordinador del partido naranja en la Ciudad de México, quien entrevistado por el diario obradorista La Jornada añadió que “con el PAN, tampoco”.