Este lunes, después de que el diputado panista Santiago Creel declinara por su compañera de partido Xóchitl Gálvez, y que el Frente Amplio por México informara que habían recabado más de tres millones de firmas de ciudadanos y militantes del PAN, PRI y PRD, que serán quienes elijan a la virtual candidata para la contienda presidencial de 2024 entre la senadora del blanquiazul y la priista Beatriz Paredes, de Palacio Nacional mandaron de inmediato mensajes intimidatorios tanto a potenciales aliados de otras siglas partidistas que podrían contribuir a la permanencia del régimen de la Cuarta Transformación dividiendo el voto opositor, así como a empresarios que simpatizan más con la oposición a la que estarían dispuestos a financiar.

Casualmente ayer, el diario La Jornada, el más afín al obradorismo, publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación que inició en 2021 por lavado de dinero contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien casualmente es impulsado para la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano por su máximo líder Dante Delgado, pues ambos insisten en que el partido naranja debe ir solo en los comicios del año entrante, mientras que el grupo Jalisco, encabezado por el gobernador Enrique Alfaro, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, proponen sumarse al bloque opositor. Este martes, Alfaro de plano se despidió de MC y le deseó buena suerte a su dirigencia nacional, pues dijo que no tiene rumbo claro y quiere tomar decisiones con información errónea de cara al 2024. El mandatario jalisciense acusó, además, a la dirigencia emecista de tomar decisiones unilaterales y de imponer su voluntad al resto de los liderazgos naranjas.

Alfaro dijo que tomó la decisión de no seguir participando en el proyecto emecista después de asistir a la reunión de liderazgos de este instituto político del 11 de agosto pasado celebrada en la Ciudad de México. En ese encuentro habían acordado mantener el diálogo abierto para definir la postura del partido con miras a los comicios.

“(En) la dirigencia de Movimiento Ciudadano nacional no hay claridad de lo que está haciendo y se están cometiendo errores muy graves”, lamentó Alfaro.

“Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de estas decisiones”, remarcó, advirtiendo que MC corre el riesgo de aislarse y de enviar un mensaje equivocado.

Reiteró que respeta al Coordinador Operativo Nacional del partido naranja, Dante Delgado, que enfatizó que él no lo acompañará en lo que viene para este instituto político ni será parte del proyecto emecista.

Y a pregunta expresa de si coincide con el senador Clemente Castañeda –su candidato para sucederlo en la gubernatura en 2024– en debatir la posibilidad de apoyar a Xóchitl Gálvez en caso de que ésta resulte la candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Alfaro dijo no estar “en ese ánimo”, pero expresó su disposición de platicar con cualquiera de los presidenciables.

Sin embargo, las presiones de Palacio Nacional contra Dante Delgado y su potencial candidato a la Presidencia, Samuel García, comenzaron a hacerse públicas. Por ejemplo, en su edición de este martes, el diario La Jornada, que abiertamente simpatiza con la morenista Claudia Sheinbaum, publicó que mandos de la FGR señalaron que la indagatoria contra el mandatario emecista de Nuevo León por lavado de dinero está a cargo de una rama de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda.

También refiere que las fuentes informaron que los abogados de García Sepúlveda y sus familiares ya entregaron informes financieros para acreditar que sus ingresos y operaciones tienen origen lícito. Pero añade que de acuerdo con documentos de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, la indagatoria sigue abierta y no se ha establecido la legalidad de las operaciones financieras del gobernador neoleonés y de otros señalados, entre ellos su padre Samuel Orlando García Mascorro; la esposa del mandatario, Mariana Rodríguez Cantú, y su suegro, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, así como de las empresas Grupo Mascorro Abogados Firma Jurídica, Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros, Grupo Renok y Fiuset Service.

Según la versión difundida por el diario capitalino muy cercano a la 4T, el primer antecedente del caso es el comunicado de prensa 171/21 de la FGR, del 10 de mayo de 2021, según el cual la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales había recibido denuncias diversas contra García Sepúlveda, entonces candidato a gobernador.

De acuerdo con dicho comunicado, entre las denuncias estaba una de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y se referían a presuntos ilícitos previstos en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, como aportaciones en dinero o en especie y fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

La fiscalía indicó, además, en el boletín oficial, que investigaba tales denuncias en una carpeta para obtener a la brevedad posible la determinación jurídica que proceda.

Según los datos disponibles, la Unidad de Inteligencia Financiera ha colaborado con las indagatorias de la unidad antilavado, la cual pidió en marzo de 2022 un dictamen contable sobre operaciones realizadas entre 2012 y 2021.

La citada unidad antilavado confirmó en un oficio del 30 de agosto de 2022 que revisó información financiera proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.

Los funcionarios consultados confirmaron que hace cinco meses, en marzo pasado, el Ministerio Público Federal solicitó a la Policía Federal Ministerial que desahogara actos de investigación. La versión periodística señala que los elementos tuvieron que acudir a las instalaciones de la Femdo, en Paseo de la Reforma número 75, para consultar la carpeta de investigación e identificar las líneas de investigación a desahogar.

Por otra parte, en cuanto a los empresarios anti 4T, ayer, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, dio a conocer que en coordinación con la FGR se han integrado 17 asuntos judicializados de grandes contribuyentes que en total adeudan más de 55 mil millones de pesos.

Medina Padilla señaló que una empresa del Bajío, región dominada por el PAN, cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó un perjuicio al pueblo por casi 300 millones de pesos. Dijo que por tales hechos la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la FGR, ha buscado llevar a juicio a los responsables. Sin embargo, acotó, dicho fin se ha visto obstaculizado por el juez de control de Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley.

Asimismo, dio a conocer que otra empresa, con presencia nacional, fue fiscalizada en 2010, 2011 y 2013, encontrándose que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos y, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos.