Prefacio. 

Los problemas financieros en el Poder Judicial del Estado (PJE) son cada vez más graves y, en gran medida, este problema es responsabilidad de las actuales autoridades. *** Al inicio de la actual administración estatal se aprobó una reforma a la Constitución para hacer una amañada interpretación al término “presupuesto general del estado”. La intención fue clara: evadir la obligación constitucional de asignar a tres órganos autónomos (Poder Judicial, Fiscalía y Universidad Veracruzana) porcentajes fijos en sus asignaciones anuales. *** El artículo 60 de la Constitución local establece en su tercer párrafo: “El presupuesto asignado al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al dos por ciento del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo”. *** Sin embargo, la reforma promovida por Cuitláhuac García al artículo 72 de esa misma constitución (publicada en septiembre del 2020) establece que “cuando se haga referencia al presupuesto general del Estado, esto se entenderá como el estimado total de ingresos y egresos aprobados por el Congreso del Estado” y que “en el caso de órganos, organismos autónomos del Estado o entes públicos a los que esta Constitución o las leyes les asignen porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición”. *** Con ese criterio, por supuesto, los ingresos del Poder Judicial del Estado se redujeron de forma dramática. Si a eso se le agregan los altos costos financieros que carga ese Poder por la construcción de las Ciudades Judiciales y las millonarias erogaciones que tienen que hacer cada vez que son derrotados en tribunales por magistrados que fueron removidos de manera ilegal, es comprensible que en la actualidad estén buscando maneras para hacer “economías”, incluso a costa de la eficiencia en la impartición de justicia. *** Esa es la explicación del acuerdo que acaba de tomar el Consejo de la Judicatura del estado, de cerrar las Centrales de Actuarios de los Distritos Judiciales de Xalapa y Veracruz a partir del 31 de agosto. *** “La medida -advierte la resolución- tiene como objetivo optimizar los recursos humanos del Poder Judicial del Estado y mejorar la eficiencia en la realización de notificaciones y diligencias en los juzgados de primera instancia en distintos distritos judiciales”. *** Esto último es falso, pues fue precisamente con la creación de estas Centrales de Actuarios, que se agilizó el servicio que el Poder Judicial debe brindar a la población. 

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El año pasado México superó la cifra de 100 mil personas desaparecidas. 

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el año 2022 el país llegó a las 109 mil 516 personas bajo esta condición. Jalisco fue la entidad que más casos reportó, mientras que Veracruz ocupó la cuarta posición a nivel nacional. 

El estado de Jalisco tuvo la mayor incidencia con 15 mil 038 personas desaparecidas. A ella le siguen Tamaulipas con 12 mil 467, el Estado de México con 11 mil 868, Veracruz con 7 mil 438, Nuevo León con 6 mil 250, Sinaloa con 5 mil 664, la Ciudad de México con 5 mil 163 y Michoacán con 4 mil 803. 

En Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que ha recibido 596 solicitudes de intervención, por parte de familiares de víctimas de desaparición, tanto por particulares como de desaparición forzada. 

La Fiscalía General del Estado es la autoridad que acumula el mayor número de quejas por esta situación, por la falta de una debida diligencia en la integración de las carpetas de investigación, aunque también otra autoridad que tiene un gran número de quejas es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y elementos de las policías municipales. 

Namiko Matzumoto Benítez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explicó que, de esas 596 denuncias, 57 han reunido los requisitos para iniciar la investigación como queja. 

Este miércoles se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. 

La CEDH ha emitido 19 recomendaciones que guardan relación con personas desaparecidas, todas ellas por falta de una debida diligencia de la Fiscalía General del Estado. 

El problema es que ni la Fiscalía estatal, ni el gobierno de Veracruz, atienden las recomendaciones de las comisiones -estatal y nacional- de derechos humanos. 

De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó formalmente al Senado de la República que llame a comparecer al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, para que expliquen el motivo de su negativa de aceptación de la Recomendaciones 51VG/2022 y 59/2022, la primera por violación y tortura, y la segunda por una detención arbitraria. 

La solicitud fue emitida en enero del presente año y dirigida a Ricardo Monreal Ávila (en ese entonces presidente de la Junta de Coordinación Política) y Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva. El trámite, sin embargo, ha sido bloqueado por el grupo de senadores de Morena. 

El gobernador de Veracruz se ha manifestado especialmente indolente en el tema de las personas desaparecidas, habla de “exageraciones” y asegura que “se está haciendo lo necesario”, aunque los grupos de búsqueda aseguran que nada de eso es cierto. 

“Recuerden que ya tenemos a la Comisión Estatal de Búsqueda trabajando en ello desde hace rato y también la Fiscalía Especializada (…) ellos van a atender el tema. No, eso no es cierto (sobre que haya muchas jóvenes desaparecidas), tampoco hay que exagerar”, dijo en enero de este año. 

La desaparición de personas en todo el país es un problema serio que, por no haber sido atendido con diligencia y prontitud, ha ido creciendo. Veracruz es un claro ejemplo de ello. 

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Epílogo. 

“Fortalecer la presencia de los cuerpos de seguridad en la zona entre Poza Rica y Papantla”, es una promesa que se ha quedado en el discurso. Lo cierto es que la delincuencia en esa región sigue operando con toda impunidad. *** La tarde del pasado martes fue “levantada” una joven cuando se encontraba cerca de la población de San Andrés, municipio de Papantla. La dama fue subida por la fuerza a un automóvil blanco que escapó con rumbo al municipio de Gutiérrez Zamora. *** Bomberos de la estación Contraincendios de Pemex narraron que la chica pedía auxilio a gritos mientras se aferraba a una reja para tratar de evitar que la subieran al auto. *** Nadie se atrevió a intervenir en defensa de la víctima, por lo que sus captores se la llevaron sin encontrar oposición. Ni policía estatal, ni Guardia Nacional, ni Ejército o Marina acudieron a atender el llamado de auxilio. 

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