A estas alturas del sexenio, está de más recordar que alguna vez Cuitláhuac García Jiménez fue un activista político y social que parecía comprometido con causas justas. Claramente, si eso fue real en un momento de su vida, no existe más.

En lo que se ha convertido, totalmente ebrio de poder, es en uno de los gobernantes más autoritarios de todo el país, e incluso de la historia del estado de Veracruz. Obtuso, ignorante y acomplejado, Cuitláhuac García Jiménez parece disfrutar su papel de represor, en particular de quienes considera enemigos. Pero también de los más indefensos, de los que se atreven a demandar, casi nada, que cumpla con la responsabilidad que él mismo buscó tener cuando pidió el voto hace cinco años.

Este martes, pobladores del municipio de Naranjos, al norte de la entidad, fueron desalojados con violencia por policías estatales, luego de mantener bloqueada la carretera federal 180 y después, ante la indolencia gubernamental, la caseta de la autopista Tuxpan-Tampico.

Lo que los manifestantes pedían desde el lunes, sin que nadie les hiciera el mínimo caso, era la cobertura de un derecho humano básico: agua. En su lugar, recibieron del gobierno estatal gas lacrimógeno, macanazos y varios de ellos, ser refundidos en una cárcel.

Ésa fue la respuesta gorilesca del gobernador que presume de dizque “humanista”, que encabeza una administración supuestamente “progresista”, pero que en los hechos se comporta como un verdadero “facho”, como los de su pandilla suelen referirse a quienes, por no pensar como ellos, tachan de fascistas. Quizás porque se identifican con eso más de lo que están dispuestos a admitir.

No es la primera, y seguramente tampoco será la última vez que Cuitláhuac García ordene reprimir a la población veracruzana. Lo ha hecho contra maestros –gremio del que él mismo salió-, contra burócratas del estado –a los que no tiene empacho en usar como carne de cañón electoral-, contra ciudadanos de a pie que se atrevieron a protestar por cualquier cosa en la que su administración ha sido abusiva o al menos omisa y, en el colmo autoritario, se inventó una ley para aplicarle la “ley del garrote” a quien sea que se atreva a desafiar al régimen que encabeza, cada vez más podrido y corrupto. Y desesperado por garantizarse impunidad.

Que en el gobierno estatal se atrevan a reprimir a la población en la víspera del proceso electoral, con candidaturas por definir, solo significa que están dispuestos a hacer lo que sea, legal o no, para mantenerse en el poder. Y si alguien osa reclamar o protestar por sus abusos, trapacerías e irresponsabilidades, esto es lo que va a recibir.

El garrote, la especialidad de Cuitláhuac.

Campañas por cuenta del erario

Y como ya nada nos sorprende de los “tetratransformados”, solo resta condenar la vulgar simulación de su “proceso interno” para definir candidaturas a las gubernaturas, al margen de la ley y abusando del poder de manera realmente repugnante.

Resulta que quienes aspiren a las candidaturas de Morena a gobernador, a las diputaciones locales y federales o a las senadurías, podrán participar en esos procesos internos y hacer proselitismo sin renunciar a sus cargos públicos, quienes los tengan.

O lo que es lo mismo, van a dedicarse a la “grilla electoral” el resto del año, pero cobrando por un trabajo que no van a desempeñar. Harán campañas pagadas por el erario, mientras el servicio público se deja al garete.

Más sinvergüenzas no se puede.

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