A lo mucho, se hacen apercibimientos, exhortos o se pide eliminar contenidos de redes sociales, como fue el caso de este fin de semana, que la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (Oplever) aplicó como medida cautelar al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que retirara de sus redes sociales un video en el que en noviembre del año pasado promovió políticamente a la candidata de Morena a la gubernatura, Rocío Nahle García, desde las instalaciones de la Casa Veracruz, la residencia oficial del titular del Ejecutivo estatal. O sea, desde un inmueble público.
Aunque la sanción recibió varias críticas por su limitado alcance, pegó duro en el entorno del gobierno, pues el resolutivo evidenció lo que todo mundo ha visto hacer a los que dicen que “no son iguales” a “los de antes”: que están abusando del poder y, en este caso específico, que se incurrió en “la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad de la contienda electoral”. En otras palabras, que la principal autoridad en la entidad cometió un delito, secundado por quien aspira a sucederlo.
No ha sido ése el único ni el más grave de los excesos que han perpetrado. Tan solo la semana pasada, durante el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum en Poza Rica, el operativo de acarreo fue grotesco, solo superado por la chabacanería con que los funcionarios estatales y municipales se pasaron la ley por el “arco del triunfo” y desviaron recursos para el acto de proselitismo electoral de la abanderada de Morena a la presidencia.
El subsecretario de Infraestructura Fernando Elías Guevara –un junior metido a político, nieto del ex alcalde priista de Poza Rica Jorge Elías Rodríguez-, invitó al mitin de Sheinbaum en horario laboral y por supuesto, estuvo presente en el acto que se celebró también en día y horario de trabajo. Como él, gran cantidad de funcionarios y trabajadores de la Secretaría de Educación de Veracruz acudieron a la “grilla”. Y ni siquiera lo intentaron ocultar: sobran imágenes que ellos mismos se encargaron de publicar en redes sociales.
No se quedó en eso. Fue descarado el uso de vehículos oficiales del Ayuntamiento de Poza Rica y hasta del Ejército para la logística y el acarreo de personas. Todo expuesto en tiempo real en redes sociales, mientras los delincuentes electorales se daban vuelo violando la ley.
¿Pasará algo con estos delitos electorales, que la legislación vigente ya considera como graves, o sea, meritorios de prisión? Difícilmente. Si se aplicase la ley tal cual, las candidaturas de Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle correrían el riesgo real de ser anuladas. ¿Alguno de los árbitros de la elección se va a “aventar ese trompo a la uña”? No se ve cómo pueda suceder.
La involución que ha representado el obradorato tiene en la vertiente electoral una de sus muestras más dolorosas, por todo lo que le costó a México llegar a tener elecciones libres y que, de seguir por este camino, nos retrocederá a la infame “dictadura perfecta” de la que habló Mario Vargas Llosa hace más de 30 años.
De ese tamaño es el retroceso. Y todavía se enojan si los exhiben como lo que son: unos vulgares “mapaches”.
Acoso, amenaza y ataques constantes
Las presiones del obradorato que llevaron a la salida de Azucena Uresti de su espacio televisivo en Milenio son una muestra del endurecimiento del régimen de cara a las elecciones. Y un augurio de lo que sucederá en México si se hacen de todo el poder.
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