El lamentabilísimo despliegue de deshonestidad, autoritarismo, ilegalidad y corrupción que presenció el país la semana pasada con los acontecimientos en Nuevo León no es poca cosa. Representa un aviso para 2024.

No solo quedó completamente expuesta la verdadera naturaleza de Movimiento Ciudadano como comparsa de Morena para las elecciones del año entrante. Se evidenció la tentación latente por pasar completamente por encima de la ley para imponer decisiones autoritarias y violadoras de cualquier clase de limitante jurídica.

El fallido aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, dio rienda suelta a las más simiescas prácticas al enderezar un “golpe de Estado” de facto contra los poderes en su entidad. Primero, con la irrupción de un grupo de porros emecistas en el Congreso neoleonés que intentaron reventar la sesión en la que se designó gobernador interino; luego, al prácticamente secuestrar la sede del Ejecutivo estatal con un despliegue policiaco grotesco para impedir que asumiera como su relevo un personaje al que no podría mangonear mientras se lanzaba a una aventura electoral no con el afán de ganar, sino de fragmentar el voto opositor al régimen.

Si Samuel García no se fue finalmente de la gubernatura en pos de su “aspiración presidencial” es porque al no poder imponer en su lugar a un incondicional, quedaría expuesto lo que ha hecho con la administración del presupuesto del estado de Nuevo León. Su renuncia a seguir adelante con su precandidatura –que dicho sea de paso comenzó muy bien, captando la atención del segmento juvenil del electorado y haciendo crecer la intención del voto para Movimiento Ciudadano- es la aceptación tácita del cochinero que debe tener en su gobierno. Así la supuesta “nueva política”.

Pero más allá de las falacias y miserias del junior “fosfo fosfo”, el que se haya atrevido a provocar una crisis constitucional y de gobernabilidad en el estado que mal gobierna habla de lo seguro que se sentía y del apoyo que, como se evidenció poco después, recibió del régimen obradorista en su intentona, en la más pura esencia del “no me vengan con que la ley es la ley”.

Y ése quizás sea el mensaje principal del episodio: el peligro inminente de que se rompa el orden constitucional de cara a la sucesión de 2024 si las cosas no les salen como tienen planeadas quienes ostentan el poder en estos momentos.

¿Se imagina al presidente Andrés Manuel López Obrador entregándole el poder a alguien que no sea Claudia Sheinbaum en septiembre del año que viene? Él tampoco se imagina haciéndolo. Y aunque en este momento ese escenario parezca improbable, las circunstancias son las que definen las elecciones y éstas todavía pueden cambiar.

Lo mismo sucede en el caso de las elecciones legislativas, tan importantes como las presidenciales y en las que luce aún más incierto cuál será el desenlace. ¿Aceptaría el obradorato un revés que le dejara sin el control del Congreso de la Unión?

En Nuevo León ya le “midieron el agua a los camotes”. Y a pesar de que no les salió como querían, estuvieron cerca. Hasta dónde estarán dispuestos a llegar es lo que habría que considerar muy seriamente.

Y como quedó nuevamente comprobado con el “affaire fosfo fosfo”, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación el último reducto en defensa de la legalidad y de la Constitución en México. Por eso les urge destruirla.

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