En China, Tian Huiyu, expresidente del banco Merchants Bank, fue condenado a “muerte en suspenso”, como consecuencia de una campaña anticorrupción iniciada por el presidente Xi Jinping. Las condenas a muerte de este tipo suelen ser conmutadas en cadena perpetua tras dos años de encarcelamiento.
Tian Huiyu fue declarado culpable de haber aceptado sobornos, de abuso de poder en una empresa pública, de transacciones con base en informaciones confidenciales, abuso de información privilegiada y filtración de informaciones confidenciales.
Es, por supuesto, otra concepción para el fenómeno de la corrupción, una muy distinta a la que tenemos en México.
Se acaba de dar a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora el organismo Transparencia Internacional y en este informe México obtuvo 31 puntos, lo que lo ubica entre los países con las peores puntuaciones. Su nivel es similar al de El Salvador, Kenia y Togo. Ocupa el lugar 126 de las180 naciones evaluadas.
La puntuación ubicó a México como el peor entre los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En Veracruz, las cosas no son distintas. Este Lunes Pepe Yunes, precandidato al gobierno estatal por el frente opositor, denunció que el actual gobierno se robó el dinero de la gente para dárselo a sus candidatos y a las campañas políticas de su partido.
Y el propio mandatario estatal, Cuitláhuac García, cometió un “desliz” y confesó que en la oficina que ocupaba Jorge Winckler, en la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron encontrados 300 millones de pesos en efectivo que -él especuló- podrían tener como destino el patrocinio de campañas electorales.
Era septiembre del 2019 y las más próximas elecciones se darían en el 2021, por lo que suena algo “forzado” pensar que desde año y medio antes estuvieran juntando dinero en efectivo y lo guardaran en una oficina pública.
Lo extraño de este caso (destapado por Cuitláhuac García, pues nunca antes se había hecho mención de ese recurso) es que nadie ha dado luz sobre el actual paradero de esos recursos.
El propio José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas (oficina por la que deben pasar todos los fondos que maneje el gobierno estatal) aclaró que esos 300 millones de pesos no ingresaron a las arcas estatales.
Han pasado más de 4 años desde que -según palabras del gobernador- “aparecieron” esos 300 millones de pesos, y no se ha sabido de alguna denuncia. Cuitláhuac García asegura que “hoy lo puede probar”.
¿Antes no? ¿Presentará -ahora sí- la denuncia? ¿Dónde ha estado ese dinero durante 4 años? ¿Qué ha sucedido con los intereses que generó -o pudo haber generado- esa cifra depositada en un banco?
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) dio a conocer que, en el 2021, en el estado de Veracruz, el 83.8 por ciento de la población de 18 años o más percibió que los actos de corrupción en su entidad eran “muy frecuentes” o “frecuentes”.
¡Qué bueno que acá a los corruptos no les pueden aplicar sentencias de muerte!
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Epílogo.
Morena está enfrentando severos problemas para definir sus candidaturas. Teme, con justa razón, que muchos de los que queden fuera se brinquen a la oposición, o boicoteen a los “elegidos”. *** Este lunes el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, se enredó para justificar la tardanza en la definición de la segunda fórmula para el Senado de la República. Ahora le echó la culpa a “acuerdos nacionales programados en función de los siglados”, expresión que ni él mismo entiende. *** Lo cierto es que es real la disputa entre el gobernador Cuitláhuac García (que impulsa la candidatura de su pariente, Dorheny García) y la candidata Rocío Nahle (que se inclina por la diputada federal Claudia Tello). Si la polarización se ahonda, la decisión salomónica podría ser Mónica Robles.
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