Bien dicen que “cuando la partera es mala, le echa la culpa al niño”.
Lo anticipamos ayer: que el gobernador Cuitláhuac García le echaría la culpa a la justicia federal que le concedió el amparo a Antonio Zaleta Jiménez, el sujeto que confesó haber participado en el homicidio de la periodista María Elena Ferral.
El argumento para otorgar dicho amparo, sin embargo, es irrebatible. Es algo que conocen -o deberían conocer- los abogados que trabajan en la Fiscalía General del Estado (FGE.
La confesión de Antonio Zaleta fue obtenida cuando no había un abogado que lo representara, lo que es una flagrante violación al debido proceso. Esa falta no tiene reparación. No se trata de que el juez ordene a la Fiscalía reponer el interrogatorio, en presencia de un abogado que auxilie al imputado, para que éste se vuelva a incriminar.
Las palabras del gobernador muestran en toda su dimensión la mezquindad que lo caracteriza:
“Lamentamos (¿quiénes?) mucho que el Poder Judicial Federal esté liberando delincuentes (no son delincuentes, mientras no haya una sentencia que así lo defina) nosotros ya lo habíamos denunciado. No me habían querido creer, es un exceso (…) Fue un amparo de esos sacados de la manga; estos jueces federales que ordenan así, plenamente, la liberación sin que le permitan nada a la Fiscalía, mucho menos a la víctima, apelar esa decisión. El juez federal le ordena al juez de control con un amparo liso y llano sin discusión. Eso es lamentable, ya lo había denunciado”.
No dice nada el gobernador, de la torpeza (por llamarlo de una manera amable) de los abogados de la Fiscalía que, sabedores de que violentaban el proceso, sostuvieron un interrogatorio contra el imputado sin dotarlo de la defensa jurídica a la que cualquier ciudadano (lo establece la Constitución) tiene derecho. ¿No amerita eso una sanción?
Antonio Zaleta Jiménez es, a los ojos de nuestras leyes, un ciudadano inocente. Lo es porque el organismo encargado de procurar justicia (la Fiscalía) no fue capaz de demostrar su culpabilidad, respetando los parámetros de protección a los derechos humanos y de respeto a las leyes que nos rigen.
El crimen no se combate con otro crimen.
El gobernador dice que él “apoya” la queja de María Fernanda De Luna Ferral, hija de la periodista asesinada.
“Yo creo que tenemos que apoyar a la hija de la periodista que perdió la vida para denunciar a estos jueces federales que están liberando delincuentes. Yo entiendo a la hija de la periodista que privaron de la vida estos delincuentes; su enojo; su molestia. Nos dejan sin armas los jueces federales”.
Desvía, sin embargo, la responsabilidad. La hija de María Elena Ferral no está enojada con los jueces federales. Su coraje es con la fiscalía que le prometió que habría justicia, pero ni siquiera supo hacer su trabajo. Desde su óptica, a los encargados de procurar justicia no les importó la muerte de su madre y cometieron errores que no se le perdonarían ni a un estudiante de primer semestre de la carrera de Derecho.
Es muy fácil echarles la culpa a los jueces. Llegan al grado de exigirles que, si la carpeta de investigación está mal integrada, ellos regresen el caso y dispongan que se hagan las correcciones pertinentes, en lugar de determinar la libertad del imputado (que no “delincuente”).
Partiendo de la titular de la Fiscalía, hasta los abogados que fungen como Ministerio Público, es evidente que carecen de la preparación adecuada para brindar protección a los ciudadanos.
Aquí aplica la del empresario Alejandro Martí, a quien le secuestraron y mataron un hijo: “si no pueden, renuncien”.
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Epílogo.
Seguridad es el principal reclamo de los veracruzanos, tema en el que la actual administración estatal quedó a deber. *** Este jueves fue reportado el hallazgo de restos humanos ceca del lienzo charro de San Andrés Tuxtla. *** Personal del área de Limpia Pública informó que dentro de una bolsa de plástico habían encontrado lo que parecían ser los restos de una persona. Esto sucedió en la calle Constancia de la colonia Ampliación Belén Grande. *** En Tuxpan, el alcalde José Manuel Pozos Castro vuelve a lidiar con un escándalo de acoso sexual. Una empleada del área de Tesorería del ayuntamiento al tesorero municipal, Néstor José Flores Lugo, por acoso y hostigamiento sexual. *** La denunciante presentó su denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra las Mujeres y a la vez solicitó el apoyo del Instituto Municipal de la Mujer (IMM). Señaló que además del acoso sexual y laboral, la dama fue objeto de amenazas para ella y para su familia. *** La salida de las autoridades municipales fue ofrecerle “acompañamiento legal y psicológico”, además de cambiarla de área. *** En el 2022, José Manuel Pozos del Ángel, hijo del alcalde tuxpeño, renunció a su cargo como subsecretario de Finanzas, luego de que se ventilara en los medios de comunicación una denuncia presentada en su contra por acoso sexual. *** No aprenden. Piensan que la “4T” los va a exculpar.
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