Aunque existe la percepción casi generalizada de que se ve muy remoto que los tribunales electorales federal y estatal anulen las elecciones para la Presidencia de la República y la gubernatura de Veracruz a pesar del cúmulo de irregularidades que la oposición denunció a lo largo de ambos procesos electorales y no nada más las registradas en el mero día de los comicios, lo cierto es que hasta agosto, una vez que las instancias jurisdiccionales respectivas desahoguen y resuelvan los recursos de impugnación presentados no sólo por los ex candidatos y líderes de los tres partidos del frente opositor (PAN-PRI-PRD) sino también por algunos ciudadanos, se sabrá finalmente cómo quedarán constituidas las dos cámaras del Congreso de la Unión pero, sobre todo, si las virtuales gobernantes, Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, serán legitimadas al comprobarse que surgieron de votaciones realmente libres y democráticas.

Así, mientras Sheinbaum y Nahle anticipan la integración de sus gabinetes y realizan respectivamente giras por el país y el estado para agradecer los millones de votos que recibieron para sus holgados triunfos, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa su paquete de reformas constitucionales que hasta ahora sacaría sin problemas en la Cámara de Diputados, pero no en la de Senadores, donde su bancada todavía no alcanza la llamada “mayoría calificada”, o sea, las tres cuartas partes de los escaños.

Sin embargo, Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes de la Frente Cívico Nacional, ante los reclamos expresados por los votantes antimorenistas salió a informar que “hemos estado atentos a las denuncias que nos mandan por redes sociales y de manera personal y las hemos estado estudiando en la medida de nuestras posibilidades”. El ex perredista precisó que “algunas de ellas tienen sustento, otras no lo tienen”. Pero puntualizó que “estamos atentos a esas aportaciones y a otras que tienen que ver con algoritmos, con supuestas actividades o interferencias que se hicieron en las sumatorias de los Prep’s. Todas las estamos revisando”. Y al comparar este proceso electoral con la polémica sucesión presidencial de 2006 que AMLO tildó de fraudulento, Acosta ironizó que “nosotros no queremos llevar cajas vacías como llevó (Gerardo Fernández) Noroña y la propia Claudia (Sheinbaum) a protestar por un supuesto fraude electoral con pruebas inexistentes. Ni quisiera llevar pollitos ni puerquitos como terminó en 2012 presentando López Obrador sin pruebas contundentes. Cada cosa que vamos a presentar tiene que tener el sustento para que nosotros podamos de manera seria ir a la pelea”.

También explicó que la asignación de diputados y senadores “se hará una vez que sean resueltos los recursos que ha presentado la oposición. Ya con las cifras definitivas, entonces el INE procederá a aplicar la fórmula que está en la Constitución y en la ley. Esperamos que el INE se apegue al estricto espíritu de la Constitución y de la ley y por lo tanto no permita esa sobrerrepresentación. En caso de que cometiera ese atropello, entonces tendremos que presentar nuestros recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y entonces yo creo que debemos movilizarnos con toda nuestra fuerza. No es correcto que una fuerza política que formalmente y con todas sus trampas tienen solamente el 55 por ciento de los votos, y quiera tener el 75 por ciento del Congreso. Eso es inmoral e ilegal. Y, por otro lado, la fuerza de la oposición, que tiene el 42 por ciento de los votos, tengan solamente el 25 por ciento del Congreso. Todavía no sucede, eso es lo que pretenden, hay que estar atentos al mes de agosto”.

Y anunció que el 6 de julio, dos meses antes de que pase el proceso de sobrerrepresentación, habrá un encuentro ciudadano en la Ciudad de México para analizar las alternativas ante un posible golpe autoritario.    

Según se prevé, agosto será un mes políticamente muy caliente, aunque el presidente López Obrador afirme que la transición será inédita, por “ordenada y fraterna”.

LO QUE NO CUADRA DEL

HOLGADO TRIUNFO MORENISTA

Por cierto, si el triunfo electoral de Morena fue apabullante, ¿por qué anoche trascendió que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, solicitó juicio político contra un juez federal que ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrar a los dos magistrados que le faltan a la sala superior de esta máxima instancia jurisdiccional que resolverá todas las impugnaciones y calificará las elecciones del pasado 2 de junio, tanto las federales como las estatales?

Y otra preguntita que lanzó anteayer el diario Reforma en su columna política estelar Templo Mayor: “¿Cuál es la razón por la que el INE no ha querido entregar las bases de datos de casillas conflictivas?”.

El diario capitalino consignó que “las han pedido representantes partidistas, académicos y otros usuarios interesados en analizar el comportamiento de grupos criminales y otro tipo de poderes fácticos en la elección”.

“Se trata –apuntó– de las casillas conocidas como ‘Secciones con Estrategias Diferenciadas’; es decir, con presencia de grupos del narco, con conflictos políticos específicos o problemas agrarios, situaciones orográficas complejas, entre otras dificultades.

“Ya se va a cumplir un mes de la elección y no aparecen esos resultados agrupados en el instituto que encabeza Guadalupe Taddei”, concluye el comentario.

Y, por si fuera poco, el miércoles de la semana anterior, la sala superior del TEPJF determinó que el presidente López Obrador vulneró la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, además de haber incurrido en el uso indebido de recursos públicos por las expresiones que hizo en la conferencia matutina del 10 de noviembre de 2023.

Con esta nueva resolución, que es inatacable, suman más de cuatro sentencias en las que la sala superior del Tribunal Federal Electoral confirma que el mandatario incurrió en dichas infracciones en el proceso electoral 2024, pese a las medidas cautelares en las que se le pidió abstenerse de hablar de los comicios o temas vinculados.

En la conferencia del 10 de noviembre del año pasado, el Presidente mencionó que “antes se elegía por dedazo y ahora hay otro método y la gente ya no se deja engañar y ahora se vota de manera libre”.

Por estas declaraciones, el TEPJF concluyó que la sala regional especializada tuvo razón al señalar que López Obrador excedió los límites de libertad de expresión, ya que sus palabras no configuraron un ejercicio periodístico, sino su postura sobre los aspectos que la ciudadanía debe tomar en cuenta como señalar si el candidato tiene ideales y cuál es el partido político que los postula.

La máxima instancia electoral resolvió que, por dichas expresiones en esa conferencia, el titular del Poder Ejecutivo volvió a incurrir en manifestaciones que no debió hacer en periodo de precampaña electoral, por lo que utilizó de manera indebida presupuesto público, aunque por tratarse del Presidente de la República no se le podían imponer sanciones económicas.

A AMLO se le olvidó cuando al entrometerse en la sucesión presidencial de 2006 le gritó al entonces mandatario panista Vicente Fox: “¡Ya cállate, chachalaca!”.