Veracruz fue sede del quinto encuentro para dialogar sobre una eventual reforma al Poder Judicial de la Federación y, salvo las aportaciones que hicieron especialistas del centro del país, la participación de Veracruz estuvo limitada a una burda repetición de los argumentos que cada mañana presenta el presidente López Obrador.
Nada quedó de aquella reconocida influencia de Veracruz en el marco judicial nacional.
A partir de la premisa de que “el Pueblo” (esa estructura amorfa utilizada por los políticos populistas como pretexto para cometer todo tipo de excesos) es sabio y que “el Pueblo” debe elegir a quienes habrán de administrar justicia en el país, se han planteado las más aberrantes propuestas que, por tener un dominio pleno en el Poder Legislativo, pueden pasar de ser pesadillas, a convertirse en crudas realidades.
Hay, sin embargo, datos crudos, reales, que no pueden ser soslayados si se pretende, por lo menos en el discurso, mejorar el sistema de justicia del país.
No debemos perder de vista de que, antes de impartir justicia, hay que procurarla, y esa es tarea de las fiscalías.
En México menos del 10 por ciento de los delitos se denuncian y, de estos, menos del 4 por ciento terminan en sentencia. A pesar de ello, las cárceles están saturadas y 4 de cada 10 personas privadas de su libertad son, en estricto apego a la ley, inocentes, pues no han recibido sentencia.
Uno de los mayores problemas en esa materia es la falta de voluntad de los gobernantes en mejorar las condiciones para impartir justicia. A nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR) carece de autonomía, pues ha sufrido fuertes recortes en su presupuesto, lo que hace que esa institución, en el papel “autónoma” dependa de las “buenas relaciones” que mantenga con el Poder Ejecutivo.
En los estados sucede lo mismo. El gobierno de Cuitláhuac García impuso una reforma a la Constitución para limitar los recursos de los órganos autónomos (Fiscalía y Poder Judicial) y sus titulares no se atrevieron a controvertir esas medidas. Con el correr de los meses, se percataron de que “no les alcanzaban” los recursos que les fueron aprobados y fueron a pedir -“implorar”- una ampliación presupuestal.
¿Consecuencia? La procuración y la administración de justicia en Veracruz están sometidas al capricho del gobernador en turno.
significativos, como lo documenta el Observatorio Nacional Ciudadano. También se ha criticado el desempeño de la FGR y algunos han llegado a señalar que el fiscal general ha utilizado la FGR como oficina personal para ejercer justicia en asuntos personales.
Por cierto: esos que se doblegaron a la voluntad del exsecretario de Gobierno, Éric Cisneros, están en una lista que descansa en el escritorio de la próxima gobernadora. Si se imaginan el peor de los escenarios, quizá adivinen.
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Epílogo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había detenido las carpetas que involucraban a organismos del gobierno de Veracruz. No querían -explicó uno de sus visitadores- seguir acumulando negativas por parte del gobernador. *** Pero debe ser que ya no lo ven con la fuerza política que mostraba a la mitad de su administración, lo cierto es que ya están saliendo nuevas observaciones contra servidores públicos del gobierno estatal. *** Es el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev), cuyo titular, Andrés Aguirre Juárez, deberá rendir cuentas por permitir abusos laborales en esa institución. *** Dos mujeres y un hombre que laboran en Cobaev llevaron sus quejas hasta la CNDH, pues dicen haber sido víctimas de acoso laboral y violaciones a sus derechos humanos por parte de la titular de la Dirección de Recursos Financieros del Cobaev durante la actual administración. *** Alguien tendrá que meter al orden a esos servidores públicos.
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