La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión
La atención de la opinión pública se ha estado enfocando hacia la llamada Reforma del Poder Judicial sobre la elección de jueces mediante elección popular, pero un tema que seguramente habrá de ser mucho más polémico, es el de la reforma a la propiedad privada, que se ha manejado en redes sociales también se habrá de proponer en la próxima legislatura federal.
En un audio que está circulando se escucha la que parece ser la voz de Mario Delgado presidente de Morena y futuro secretario de educación, quien en una entrevista radiofónica afirma:
“Claro, el punto es que no seguirás teniendo tus concesiones como antes.
Lo que poseías antes de la nueva constitución seguirá siendo tuyo.
No, en realidad no seguirá siendo tuyo porque se ha transformado de propiedad privada a una concesión reconocida por el estado, la cual puedes vender, pero sigue siendo una concesión ya que toda la propiedad privada del país pasa a ser del estado.
Todo lo que invertiste en tu casa, la concesión no equivale a una propiedad. Cuando posees una propiedad, ejerces legalmente el dominio sobre ella, tanto que pagas un impuesto por la traslación de dominio, es decir, pagas por transferir la propiedad a otro nombre.
Con la nueva propuesta monetaria, desaparece la traslación de dominio porque el gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios.
La nueva constitución establece que tendrás una concesión, no la propiedad.
La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión.
El gobierno autorizará esa venta y la nueva constitución indica que puedes acordar el precio con el comprador, pero recuerda, son concesiones y pueden ser revocadas.”
Ese proyecto de reforma constitucional en realidad es una amenaza a la propiedad privada.
La reciente iniciativa de reforma a la Constitución en materia de propiedad privada pone en riesgo todo lo que hemos construido y logrado a través del esfuerzo y el trabajo duro.
Esta reforma busca socavar los pilares de la propiedad privada, uno de los principios más básicos de una sociedad libre y próspera. Si se aprueba, podríamos ver cómo nuestros derechos sobre nuestras propias casas y bienes se ven gravemente disminuidos o incluso eliminados por completo.
Debemos estar alerta y bien informados sobre los peligros que entraña esta reforma constitucional. No podemos permanecer pasivos mientras nuestros derechos son amenazados.
Debemos hacer oír nuestra voz y participar activamente en este debate crucial.
Informémonos, para frenar esta iniciativa que pone en riesgo todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Nuestras casas, nuestros ahorros y nuestro futuro están en juego. ¡No podemos permitir que se nos arrebate la propiedad privada!
La iniciativa de reforma constitucional pretende eliminar gradualmente la propiedad privada en favor de un sistema de "propiedad social". Esto significaría que el Estado tendría un control cada vez mayor sobre los bienes inmuebles y los recursos productivos, limitando significativamente los derechos de los ciudadanos como propietarios.
Algunas de las medidas clave que se han propuesto incluyen:
· Restricciones más severas sobre la compra, venta y herencia de propiedades.
· Mayores impuestos y gravámenes sobre la propiedad privada.
· Expropiaciones y nacionalizaciones de empresas y bienes raíces bajo el argumento del "interés social".
· Limitaciones en el uso y disposición de las propiedades, con mayor injerencia estatal.
· Redistribución forzosa de propiedades y recursos hacia programas de "vivienda social".
Estas medidas socavarían los cimientos de la propiedad privada, pilar fundamental de una economía de mercado y una sociedad próspera. Sin la seguridad de poder disfrutar plenamente de los frutos de nuestro trabajo y esfuerzo, perderíamos gran parte de nuestra libertad individual y la capacidad de planificar nuestro futuro con certeza.
Además, la eliminación de la propiedad privada tendría graves consecuencias económicas, como la disminución de la inversión, la reducción de la productividad y el empobrecimiento general de la población. Nuestro derecho a decidir sobre nuestros bienes y propiedades sería severamente limitado.
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