Por eso resulta condenable e imperdonable que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, con corte al 31 de marzo pasado, había devuelto a la Federación 15 mil 138.7 millones de pesos, que no ejerció y por lo tanto no pudo comprobar, una cantidad cuantiosa si se toma en cuenta que, por ejemplo, el gobierno de Tamaulipas solo devolvió 2 mil 921.2 millones de pesos; Puebla solo 2 mil 778.5 millones de pesos; Tabasco, 2 mil 149,6 millones de pesos, y Tlaxcala, 605.5 millones de pesos.
La reportera Noemí Valdez, del diario Notiver, publicó el sábado una nota bien documentada con cifras de un informe semestral para la Cámara de Diputados que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El dinero “no gastado” había sido etiquetado para obras, infraestructura, salud, entre otros rubros.
Pero no solo lo anterior. La ASF también reportó que el gobernador Cuitláhuac García tiene cuentas pendientes por comprobar por 3 mil 877 millones, 200,000 mil pesos, por 65 irregularidades detectadas, posibles hechos de corrupción en el manejo de los recursos, que van desde la falta de documentación comprobatoria del destino del dinero, cuentas que no correspondían, pagos a empleados que no se pudo comprobar, cuentas alternas a las oficiales registradas y compras irregulares.
Sobre esto último reaccionó el senador Julen Rementería, quien dijo que el dato es escandaloso.
Así, mientras el empresariado denuncia las carreteras destrozadas de Veracruz, que frenan el desarrollo económico del estado, se revela el subejercicio del gobierno estatal y el mal manejo de millones de pesos, y tal vez para tratar de evadir la responsabilidad por tales hechos es que el gobernador ha adelantado que deja el gobierno el próximo mes. Habrá que ver si en la entrega-recepción el gobierno de Rocío Nahle decide heredar la anómala situación, como hizo Javier Duarte con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
Atan las manos a la Fiscal, le quitan la Fiscalía Anticorrupción e irán contra ella
El gobierno entrante dio ayer el primer paso para destituir a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns e investigarla por su cuestionada actuación, para lo cual empieza por quitarle la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Fiscalía Anticorrupción).
De acuerdo a información que tiene el columnista, no fue casual que la diputada Liliana Castro Muñoz haya turnado a la Mesa Directiva la iniciativa para fortalecer la Fiscalía Anticorrupción dotándola de autonomía e independencia plena en el ejercicio de sus funciones.
El lunes, Hernández Giadáns dijo en conferencia de prensa, respaldada por el gobernador Cuitláhuac García, quien ya se va el próximo mes, que ella protestó por nueve años para estar en el cargo (llegó a la fiscalía en 2019, por lo que le faltarían cuatro años).
Sin embargo, sus dos antecesores, Luis Ángel Bravo Contreras y Jorge Winckler Ortiz, igual habían rendido protesta para estar nueve años en el cargo, pero al cambio de gobierno se aferraban a no irse y al final terminaron en el reclusorio en prisión y siguen sujetos a procesos.
El nuevo gobierno contará con la bancada mayoritaria en el Congreso local, que podrá someter a juicio político a la ahora fiscal y proceder a destituirla, como hizo con Winckler Ortiz.
La propuesta de la legisladora Castro Muñoz (repetirá en la próxima Legislatura) equipara en grado jerárquico a la FGE y a la Fiscalía Anticorrupción (FA), es decir, las pone al mismo nivel en cuanto a sus funciones, por lo que dejará de ser área administrativa de la fiscalía que encabeza Verónica.
Llama la atención que en la segunda de cuatro categorías que sustentan la autonomía que se pretende de la FA, se dice que podrá disponer libremente los actos, métodos y procedimientos adecuados para ejecutar las acciones en la persecución de sus metas y objetivos, esto es, que podrá investigar a la propia fiscal sin darle cuenta, de acuerdo a lo que se dijo al columnista.
Llevan miga los siguientes párrafos:
“En concordancia, se delimita la competencia en materia de combate a la corrupción, para que la investigación y judicialización de los delitos por hechos de corrupción correspondan exclusivamente a la Fiscalía Anticorrupción.
Además, se modifica la atribución indelegable de la FGE para que mantenga la expedición de nombramiento, determinación de cambios de adscripción; concesión de licencias y aceptación de renuncias, separación, remoción, bajas o ceses de su personal de confianza, con excepción de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cuya facultad se circunscribe únicamente para dicha entidad (es decir, ya no mandará sobre el personal anticorrupción).
Se reduce la potestad para solicitar la remoción del Fiscal Anticorrupción, de acuerdo con las causales legales establecidas, correspondiendo únicamente al Congreso del Estado; eliminando de este modo la facultad que compartía la FGE, puesto que se busca eliminar toda disposición normativa que implique una facultad sesgada de subordinación ante cualquier organismo o entidad”. O sea, con este último párrafo queda claro que le quitan toda facultad a la fiscal para que intente o quiera remover al fiscal anticorrupción, facultad que se arroga el Legislativo, que estará subordinado a lo que diga la Ejecutiva.
“La propuesta tiene el visto bueno desde muy arriba”, se le dijo anoche al columnista. Una vez que sea aprobada por el pleno, se contará con 30 días naturales para que se nombre el nuevo fiscal anticorrupción.
“Así como el nuevo Subsecretario de Egresos del próximo gobierno, Pedro Rosaldo García, investigará a fondo todos los excesos de Eleazar Guerrero, el nuevo fiscal anticorrupción será el encargado de investigar a la propia Verónica Hernández”, se le mencionó también al autor de esta columna.
Gómez Cazarín había pedido investigarla
En Prosa aprisa del 26 de mayo de 2022, publiqué el siguiente encabezado: “¡Insólito! Gómez Cazarín, a favor de llamar a cuentas a la fiscal”.
Reproduzco los primeros párrafos de entonces:
“En un hecho inédito hasta ahora en el actual gobierno, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, se ha manifestado de acuerdo en llamar a cuentas a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns.
El diputado local de Morena se suma así a diputados de distintas fracciones que han planteado revisar el trabajo de la protegida del secretario de Gobierno Eric Cisneros por la serie de yerros que ha cometido durante su gestión.
De acuerdo al portal informativo alcalorpolitico.com, el legislador oriundo de Hueyapan de Ocampo dijo que si existe consenso del resto de las fracciones legislativas se debe proceder.
‘Si hay voces que lo solicitan, nosotros estamos abiertos; si tiene algo que explicar o qué decir la Fiscalía, ya les tocará a ellos. Yo me sumo a la voz del pueblo, si piden una evaluación por algo será’. Dijo que en Morena ‘no se taparán los oídos a lo que manifiesta el pueblo’”. |
