Los magistrados “pro-4t”, Mónica Soto, Claudia Valle, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes fueron pródigos en adjetivaciones para las denuncias de la oposición, a las que tildaron de “vacías, incoherentes, deficientes, absurdas, inconsistentes, aisladas o simples manifestaciones temerarias”, a pesar de que admitieron la existencia de por lo menos dos situaciones que comprometieron por completo la legalidad y legitimidad de todo el proceso.
Por un lado, la intervención cínica, sistemática, ilegal del mayor delincuente electoral que hay en México y que se llama Andrés Manuel López Obrador, quien en por lo menos 34 de esos ejercicios de propaganda que llaman “conferencias mañaneras” violó la ley, benefició a su partido y a sus candidatos, con Claudia Sheinbaum en rol protagónico, con todo el poder y los recursos del Estado mexicano, generando condiciones de inequidad que no se habían vivido en más de tres décadas. Ni siquiera en las controversiales elecciones de 2006, cuando el todavía presidente actual acusó haber sido víctima exactamente de lo mismo que hoy encabezó decididamente.
Aunado a ello, la también reconocida injerencia del crimen organizado en el proceso electoral y que fue más allá de lo solamente evidente en gran parte del territorio nacional, donde los delincuentes impusieron candidaturas, eliminaron a la competencia y encumbraron autoridades y representantes populares que, en realidad, lo que representan exclusivamente son sus intereses, que ya se sabe cuáles son.
Nada de esto fue relevante para un tribunal que claudicó de su deber y razón de existencia. Según estos magistrados, no hubo pruebas de las irregularidades y las que hubo, no fueron suficientes ya no digamos para anular la elección, lo cual era completamente improbable que sucediera, sino siquiera para imponer alguna sanción a los responsables. La impunidad como estigma y destino de un país.
Las justificaciones serían de risa loca, si no representasen una verdadera tragedia que pocos quieren voltear a ver. Para los magistrados electorales, la actuación de los criminales fue “en lo local” y “no impactó” en la elección presidencial, pues se trató de “hechos aislados”. Y las declaraciones de López Obrador sobre la elección fueron “en lo general”, sin generar un “beneficio indebido” a Claudia Sheinbaum o a Morena. La abyección convertida en resolución judicial.
Esta misma semana, se declarará oficialmente la validez y calificación de la elección presidencial y se le entregará a Claudia Sheinbaum la constancia como presidenta electa. Sin sentar precedente alguno de los abusos de poder e ilegalidades que marcaron todo el proceso desde que la “virtual presidenta” comenzó a violar la ley con su promoción política personal dos años antes de los tiempos constitucionales.
A todo esto se sumarán la también ilegal sobrerrepresentación que los mismos órganos electorales le regalarán al obradorato y la consiguiente aprobación de reformas que demuelan las instituciones construidas en el periodo de una transición democrática fallida y, peor aún, asesinada por sus principales beneficiarios.
La democracia colapsó. Y lo que viene terminará engullendo también a quienes hoy vociferan que son mayoría y le entregaron el futuro del país a una minoría que, tarde que temprano, los aplastará igual.
Narcorrégimen
El “calambre” que le metió “El Mayo” Zambada al obradorato este fin de semana es apenas la punta de una madeja gigantesca de complicidades que alcanzan el más alto nivel y que trascienden al estado de Sinaloa.
En México hubo, hay y por lo visto seguirá, un sangriento narcorrégimen.
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