Cuando Esteban Bautista fue informado de que se haría cargo de la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso local y, por consecuencia, presidiría la Junta de Coordinación Política (el órgano que define la actuación del Poder Legislativo) formó un equipo para que le ayudara a hacer un análisis de las condiciones en las que trabajaba la Legislatura.
Precisaba que le dijeran cuáles eran las fallas más recurrentes y sus posibles soluciones.
De inmediato brincó un tema: en las últimas dos legislaturas, como nunca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les había derogado múltiples reformas porque no tenían un sólido sustento jurídico. En seis años habían desfilado varios abogados por la Dirección Jurídica, y el problema no se había resuelto.
Hace un buen tiempo, en este mismo espacio, se trató ese tema. La explicación para esas pifias en el Congreso es tan sencilla como absurda.
El área jurídica debe ser un órgano de consulta para los legisladores. Antes de convertirse en iniciativa, cada propuesta debería pasar por el filtro jurídico. Los diputados deben llegar ante los abogados del Congreso para explicarles: “tenemos esta propuesta, queremos que nos digan si jurídicamente es viable o si hay algo que debamos corregir”.
En las anteriores legislaturas la mecánica era totalmente contraria: tenían una idea, la transformaban en iniciativa y, gracias a que contaban con una amplia mayoría, se convertía en ley y se mandaba a publicar en la Gaceta Oficial del Estado.
Cuando eran informados de la promoción de una acción de inconstitucionalidad, entonces remitían copia al área jurídica para que “se hiciera cargo”.
Este martes se dio a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra del Artículo 145, séptimo párrafo del Código Civil del Estado de Veracruz.
Esa reforma fue publicada apenas el pasado 25 de octubre y establece medidas de protección para personas mayores con discapacidad bajo tutela de excónyuges al momento de la sentencia de divorcio.
La CNDH argumentó que la disposición vulnera los derechos humanos de este grupo al perpetuar un enfoque asistencialista y paternalista que limita su capacidad de decisión.
El organismo considera que dicha redacción contradice el modelo social de la discapacidad, adoptado por México al ser parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, el ombudsman puso en la mira de los ministros una consulta realizada por el Poder Legislativo de Veracruz para llevar a cabo dicha reforma.
La Comisión destacó que la reforma fue resultado de un proceso de consulta, derivado de una sentencia previa de la SCJN. Dicho proceso, realizado por el Congreso de Veracruz, incluyó la participación de personas con discapacidad, familiares y organizaciones.
Durante el foro consultivo, las personas con discapacidad expresaron la necesidad de que se reconozca su capacidad jurídica y se les permita decidir quién puede brindarles apoyo.
La CNDH subrayó que, aunque el Congreso realizó un proceso participativo, la redacción del artículo no refleja las demandas del grupo consultado y mantiene prácticas que restringen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Un golpe más para el endeble sustento jurídico que presentan las reformas en Veracruz.
Ojalá pronto todo eso se corrija.
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Epílogo.
“Extraño”, por decir lo menos, el supuesto “intento de suicidio” por parte de Juan Santos Caballero, agente ministerial a cargo del armamento de esa corporación. *** Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de este martes en la sede de la Policía Ministerial, en la congregación de Las Trancas. *** Testigos comentaron que escucharon un disparo proveniente del área de armamento, por lo que acudieron a enterarse de lo sucedido. Al llegar, cuentan, encontraron a Juan Santos Caballero, en el suelo y sangrando de la cabeza. *** Lo que asumen los primeros en acudir al sitio, fue que el agente (que se encontraba solo) habría tomado una pistola y se disparó él mismo en la cabeza, en lo que se presume como un intento de suicidio. Santos Caballero fue trasladado en condiciones muy delicadas al hospital del IMSS. *** Ojalá las nuevas autoridades en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pongan atención al caso del predio Jinicuil Manso o Sierra Alta, en Coatepec. *** Este martes fue suspendido una vez más (¡ya son 17 ocasiones!) el desalojo ordenado por un juez. *** El operativo en esta ocasión estaba programado para iniciar a las 10 de la mañana, pero la Fiscalía de Coatepec informó que no se realizaría, debido a que faltaba personal y patrullas de Seguridad Pública para poder proceder con el desalojo. *** El predio fue invadido desde el año de 2019 por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y los propietarios llevaron el caso a los tribunales, donde se dispuso que los invasores fueran desalojados. *** Luego de 17 intentos fallidos, está claro que alguien muy poderoso está impidiendo que se ejecute este mandamiento judicial.
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