A Verónica Hernández se le acabó el blindaje.
Esa protección extralegal no se extinguió con la partida de su padrino y protector Éric Cisneros, pues una vez obligado este último a renunciar a su cargo (por instrucciones del entonces presidente López Obrador), fue el propio gobernador Cuitláhuac García quien se encargó de tender su manto protector sobre la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Y no era para menos. Apenas el pasado martes, durante su comparecencia, a la titular de la Fiscalía se le recordó que fue omisa frente a la denuncia formal en contra del entonces gobernador, por el delito de desaparición forzada de personas.
También se le hizo ver que en la pasada administración permitió que el organismo a su cargo -poseedor de autonomía otorgada por la Constitución local- tuviera como “vocero oficial” al propio Cuitláhuac García.
Otro síntoma del abandono que vive en estos momentos Verónica Hernández. Es la postura de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), un organismo que se convirtió en el principal defensor de la llamada “cuarta transformación” y que soslayó, sin el menor rubor, la rebeldía de Cuitláhuac García y de la propia fiscal, frente a los centenares de recomendaciones.
Fue hasta ahora, cuando ya se le cayó la protección oficial, que la CNDH “se acordó” de que la Fiscalía ha rechazado múltiples recomendaciones y amenazó a su titular con proceder para que rinda cuentas por esas omisiones, cuando debió hacerlo desde hace tiempo, sin necesidad de enviarle mensajes preventivos.
El diputado Héctor Yunes Landa, que disfruta poniendo nerviosos a sus compañeros, se refirió de manera directa a la versión que corre en los pasillos del palacio legislativo, de que su colega de Morena Diego Castañeda sería el señalado para ocupar -primero de manera interina y más tarde ratificado por el propio Congreso- la Fiscalía que habría de dejar en muy pocos días Verónica Hernández.
En la actualidad Diego Castañeda preside la Comisión de Justicia en la Legislatura de Veracruz y es el autor de la iniciativa de reforma para crear una vía para la remoción del cargo al titular de la Fiscalía y reducir, además, el período de su gestión, que hoy la Constitución establece que sea de nueve años.
Ese, sin embargo, no ha sido el único nombre que se ha hecho circular, por lo que -se presume- la decisión no ha sido tomada.
Hay un factor que muy pocos han tomado en cuenta: la gobernadora Rocío Nahle decidió, incluso desde antes de asumir el cargo, que en materia de seguridad y justicia buscaría una estrecha colaboración con las instancias federales. Ella misma admitió que para la definición de su secretario de Seguridad Pública consultó antes con el titular federal de esa área, Omar García Harfuch, por lo que no sería descabellado que antes de impulsar un perfil para la Fiscalía local someta a los candidatos al escrutinio de la Federación.
Capacidad (como un requisito indispensable pues está visto que fue el principal déficit de la actual titular), lealtad institucional (esto es, que pase los filtros de la cuarta transformación, aunque no sea un miembro activo de esa corriente) y buen prestigio, serán requisitos que habrá de cumplir a cabalidad quien llegue a la Fiscalía.
No hay muchos.
* * *
Epílogo.
Ya se ha dicho en varias ocasiones, pero es necesario que se tenga esa certeza: en el proceso electoral municipal los partidos políticos no están obligados a aplicar la alternancia de género por período electivo en las candidaturas a las presidencias municipales. *** Es decir: es falso los partidos tengan que postular a alguien de género diverso a quien fue postulado hace 4 años. Así lo volvió a aclarar la magistrada presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Eva Barrientos. *** Anticipando el cúmulo de trabajo que habrán de enfrentar este año, la magistrada presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, ya anticipó que van a solicitar una ampliación presupuestal en los próximos meses. *** Dijo que los 93 millones de pesos asignados como presupuesto anual son insuficientes para cubrir la carga laboral proyectada. En otros procesos electorales el tribunal ha requerido contratar entre 40 y 45 personas para reforzar áreas como las ponencias y la Secretaría General de Acuerdos, lo que constituye uno de los principales gastos operativos. *** Falta ver qué opina la gobernadora Rocío Nahle.
filivargas@gmail.com |