¿Hacen falta más cárceles en Veracruz?
Un análisis simplista daría como resultado que sí, que en estos momentos el número de reos es superior a la capacidad que tienen las penitenciarías del estado.
Los reclusorios de Veracruz suman espacios para 6,946 internos, pero en la actualidad la población privada de libertad es superior las 8 mil personas.
Sin embargo, hay que analizar más a fondo esos números.
Resulta que en 2018, cuando aún no llegaba a gobernar la llamada “4T”, las cárceles de la entidad disponían de los mismos 6,946 espacios, pero la población apenas llegaba a 6,500 reos.
Neófitos en la materia y dados a ofrecer cifras espectaculares para presumir que ellos no eran “como los de antes” (lo que con el tiempo se ha confirmado, pues resultaron peores), quienes llegaron a gobernar la entidad (con Cuitláhuac García a la cabeza) asumieron que mientras más personas hubiera en la cárcel crecería la percepción de que se estaba “combatiendo la impunidad”, lo cual -por supuesto- es totalmente falso.
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2024 (CNSIPEE, INEGI), el 53.8 % de las personas privadas de libertad en Veracruz estaban sin sentencia, bajo la figura de prisión preventiva oficiosa; otro 31.3 % estaban encerradas pues se les había aplicado la prisión preventiva justificada, mientras que un 14.9 % en otro supuesto jurídico.
Son más de cinco mil los internos en prisión que no han sido sentenciados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en su artículo 20 establece: “la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares”.
El abogado Tomás Mundo, especialista en el nuevo sistema penal, advirtió que construir más penales sin revisar antes la figura de prisión preventiva es un riesgo: “no se dan las condiciones como el respeto a la presunción de inocencia, ni el derecho de tener a los presos en la zona geográfica donde se constituyeron los delitos. Hace falta un penal, pero también mejores condiciones. Muchos deberían estar libre, pero al construir más penales se podrían llenar, sólo para justificar la inversión”.
Este lunes la gobernadora Rocío Nahle confirmó que contempla para el próximo año la construcción de dos nuevos penales, con el objetivo de resolver el problema sobrepoblación y mejorar las condiciones de reclusión.
“Tenemos contemplado el próximo año que el estado pueda iniciar la construcción de dos penales. Tenemos una sobrepoblación y hay varios penales que requieren reubicación. Entonces me lo mostraron los de la SSP y les dije: ‘Si es necesario pues lo tenemos que hacer’”, explicó.
Al respecto, Tomás Mundo advirtió que la construcción de nuevos centros penitenciarios podría convertirse en un riesgo si no se revisa previamente la situación jurídica de miles de personas privadas de la libertad.
Sí hacen falta espacios con mejores condiciones, ya que instalaciones como el “Penalito” de Playa Linda no reúnen los requisitos mínimos y ya han sido observados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero los proyectos deben ir acompañados de una profunda revisión de la situación jurídica de los internos y la definición de los criterios para imponer la prisión preventiva.
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Epílogo.
El mensaje de la gobernadora Rocío Nahle es de intolerancia. Les deja claro a los trabajadores de la entidad que quien se atreva a exhibir sus fallas, perderá si trabajo “de un plumazo”. *** Este lunes, en su conferencia de prensa, la gobernadora anunció que será cancelado el contrato a la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH), encargada de los servicios de limpieza en hospitales y centros de salud del estado, por no pagar a sus trabajadores, pese a los casi 200 millones de pesos que le han asignado en contratos. *** Rocío Nahle argumentó que cuando asumió funciones encontró que el sistema de salud -ahora bajo la operación del IMSS-Bienestar- tenía subrogados los servicios de limpieza y alimentación, práctica con la que no estaba de acuerdo. *** No dio ninguna razón para ese desacuerdo; simplemente anunció que ahora se comprarán los productos de limpieza y se hará “como antes, directamente”. *** Nunca se refirió a los actuales trabajadores de LEIH que, al cancelarse el contrato, perderán su trabajo. No habló de la posibilidad de que sean recontratados por el IMSS Bienestar. Para ella no cuentan. Serán “un problema menos”.
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