Este lunes la fiscal Verónica Hernández ofreció conferencia de prensa, pero poco o nada interesante salió de su reporte, que muy bien lo pudo haber presentado hace una semana, sin que cambiara la información.
Los nombres de los fallecidos (algunos de los cuales ya se conocían), el origen guatemalteco de cinco de los que murieron durante el motín en el penal de Tuxpan (que ya también se sabía), la “posibilidad” de que el secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández, el motín en el penal y la aparición de cuerpos desmembrados en la carretera Tuxpan-Papantla estén relacionados (lo que ya anticiparon los medios de comunicación de la zona), fueron las “novedades” presentadas por la aún titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Forzada por los cuestionamientos de la prensa, la aún fiscal admitió que “se investiga” la actuación del personal de la prisión de Tuxpan
“Estamos determinando quién ocasionó este evento violento al interior del penal. Si la investigación arroja responsabilidades de servidores públicos se actuará en consecuencia. Y si se advierte relación con la delincuencia organizada se hará el desglose correspondiente a la federación”, informó Verónica Hernández.
Puras obviedades.
La Fiscalía no tiene que “analizar” la “posible conexión” entre la ejecución de la maestra Irma Hernández, el motín en el penal de Tuxpan y el hallazgo de seis cadáveres bajo el puente “Caracol”. Si consultan al gabinete de seguridad federal, ahí les darán detalles del papel que juegan el grupo Sombra (ahora rebautizada como “Mafia Veracruzana”) y la facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los cuerpos de inteligencia del Ejército y de la Marina tienen detallados expedientes de la actividad criminal en esa zona y, si de verdad existe “coordinación” entre las distintas fuerzas del orden, en este momento ya tendrían identificados a los responsables (jefes de plaza y operadores) de todas estas acciones criminales.
Es evidente que la aún fiscal y la gobernadora saben más, mucho más de todos estos casos. Está claro también que mucha de esa información se debe mantener en resguardo, para no entorpecer las investigaciones, pero lo que los veracruzanos quieren escuchar es que se han tenido avances consistentes, sustanciales, en el combate del gobierno contra los grupos delictivos.
Haber detenido a tres fulanos e imputarles secuestro agravado y homicidio doloso (la fiscal ya confirmó que la causa de la muerte fue la tortura a la que fue sometida) por la ejecución de la maestra Irma Hernández es, en realidad, muy poco avance. No se está atendiendo el principal delito, el que ocasionó la muerte de la maestra y días más tarde el de otro taxista y de su padre: la extorsión. Un escenario es la disputa por “la plaza” por parte de los grupos de la delincuencia organizada, y otro es el asedio de esas organizaciones criminales a la población veracruzana.
Falta que dé la cara el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés. ¿De verdad está “blindada” la zona norte? Los actos criminales siguen sin freno y a las bandas delictivas no parece importarles que haya más policías, más soldados o más marinos.
La conferencia de prensa de este lunes fue un gran avance (dejó la gobernadora los temas sensibles a los especialistas), pero nada de lo que ahí se dijo les devuelve la tranquilidad a los ciudadanos que viven en aquella región.
* * *
Epílogo.
A propósito del desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la actual administración estatal, es de destacar que esa dependencia recibió una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), pues se comprobó que una empleada fue víctima de violencia laboral y psicológica por parte de su superior en la Subdirección de Medidas Cautelares. *** La recomendación 45/2025 emitida por la CEDH recomienda a la SSP otorgar medidas de reparación, entre ellas una compensación económica, una disculpa privada y capacitación a su personal para prevenir la repetición de estos actos. *** La CEDH determinó que la trabajadora fue víctima de abuso de poder, hostigamiento y actos encaminados a invisibilizarla, humillarla y descalificar su apariencia, vulnerando sus derechos a la integridad, a una vida libre de violencia y al trabajo. *** Falta saber si en esa dependencia se mantiene la consigna que impuso Cuitláhuac García, de rechazar todas las recomendaciones de los organismos que velan por el respeto a los derechos humanos.
filivargas@gmail.com |
