Dice la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 46, que todo servidor público deberá cumplir con obligaciones específicas “para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia” que deben observar en el desempeño de su cargo.
Advierte también que el incumplimiento de esas obligaciones “dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan”.
¿A qué viene esto?
Sencillo: a la sospechosa resistencia para que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, salga a dar la cara ante los veracruzanos y explique qué ha hecho la dependencia a su cargo para frenar la violencia y combatir a los grupos criminales que actúan con total impunidad.
La primera fracción de ese artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece, como obligación, “cumplir con diligencia el servicio que le sea encomendado (en su caso, la seguridad de la población) y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
No pierda de vista esa expresión: “acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido del cargo”.
Hace poco más de 10 días, el 17 de agosto, en Las Choapas, una familia denunció que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, reforzados con personal de la Guardia Nacional, de Marina y de la Fiscalía estatal irrumpieron en su domicilio sin orden judicial y esposaron a un menor de edad.
“Derribaron la puerta y causaron destrozos, con el argumento de que un dispositivo GPS los condujo a una vivienda equivocada. Un perito de la Fiscalía nos ofreció disculpas, pero nadie se hace responsable de los daños”, relató el padre de esa familia.
Agregó que quienes iban al mando del operativo intentaron obligarlos a firmar una hoja en blanco, a lo que se negaron. Horas más tarde acudieron a la sede regional Fiscalía y ahí -sin una explicación- se negaron a recibir la denuncia.
La gobernadora Rocío Nahle fue cuestionada sobre esa queja y prometió que le pediría el dato al secretario de Seguridad Pública que le diera cuenta de los operativos que están realizando en toda la entidad.
“Ahora que venga el secretario de Seguridad le voy a decir que nos traiga el dato, que se lo dé la Fiscalía, el número de operativos que hemos hecho en Veracruz, de operativos de cateo, porque nosotros estamos yendo a todos lados”.
No sólo eso. Invitó a la familia agraviada a volver a la Fiscalía: “Yo les exhorto a que vayan a la Fiscalía de Coatzacoalcos, que está cerca, o a la de Minatitlán. Yo voy a hablar para que les tomen la denuncia y presenten lo de desastres que dicen, para que se les pague en caso de que les hayan destruido algo”, dijo.
¿De verdad? ¿Es necesario que la gobernadora “llame” para que un órgano supuestamente autónomo -la Fiscalía- cumpla con su deber?
¿Y la agresión a un menor de edad?
Es preciso recordarle a la gobernadora que no es el primer caso.
Justo este mismo miércoles se conoció que la justicia federal resolvió el juicio de amparo 564/2025 y ordenó el cese de inmediato de cualquier acto arbitrario contra una familia, en la que se incluye a un niño de 5 años.
La sentencia señala a la Fiscalía y a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), ambas instancias señaladas por presuntos actos de abuso de autoridad, al incomunicar y ejercer tortura psicológica en agravio de Samantha Guadalupe Francisco Rosas, de su hijo de 5 años y de otros familiares.
El pasado 19 de junio la familia acudió al penal de “La Toma”, en Amatlán de los Reyes, para visitar al padre del niño. Al salir fueron detenidos por policías ministeriales. “Violentaron sus derechos por 48 horas. Al niño se lo llevaron y no nos avisaron; se lo llevaron detenido”, relató la familia.
El menor fue trasladado a Xalapa por agentes de la UECS con los ojos vendados. “Me lo entregaron el lunes y luego lo trasladaron al DIF Conecalli. El niño refiere que le vendaron de los ojos. Fue algo espantoso, traumático para mi hijo. Lo vendaron desde el momento en que lo trasladaron desde Amatlán hasta las oficinas en Xalapa”, dijo la madre del menor.
Rocío Nahle tiene que entender que ella, como todos los servidores públicos, se debe a los ciudadanos; que ella debe salir en defensa de las víctimas de estos y muchos casos más de abuso por parte de las autoridades.
Al menos eso fue lo que ofreció durante su campaña, apenas el año pasado.
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Epílogo.
Este miércoles el aún rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, debió rendir su cuarto (y debería ser el último) informe anual de labores y hasta el momento en el que se escribía esta columna, persistía una numerosa presencia de manifestantes. *** Académicos, estudiantes y trabajadores de esa institución se plantaron alrededor de las instalaciones donde se debería realizar el informe (el Centro Cultural Tlaqná) para expresar su rechazo a la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno, que le permitiría a Aguilar Sánchez continuar al frente de la UV por un segundo periodo, a pesar de que ya no cumple con los requisitos para ser rector y sin que se haya emitido una convocatoria. *** Martín Aguilar no termina de entender (o, aunque lo entiende, hace caso omiso) que la comunidad universitaria ya no lo quiere como rector y que defiende, además, el marco jurídico que rige a esa institución.
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