¿Debería la gobernadora Rocío Nahle iniciar un procedimiento jurídico en contra de su antecesor Cuitláhuac García?
Quizá. En más de una ocasión la gobernadora ha explicado que su decisión de no renovar la póliza de seguro contra desastres naturales (que fue contratado durante el gobierno de Cuitláhuac García) resultó “ineficiente y con baja retribución para el Estado” además de su alto costo, pues significaba hacer pagos anuales de 150 millones de pesos.
“En todo su sexenio (el de Cuitláhuac García) se pagaron 750 millones de pesos de seguro. Cuando pasó el huracán Grace, sólo se le regresaron 25 millones (e pesos) meses después, y eso porque las aseguradoras querían que, si se voló una lámina, comprobáramos la factura de la lámina”, explicó la gobernadora.
¿Hizo Cuitláhuac García, entonces, un mal negocio que le representó a las arcas estatales un daño de por lo menos 700 millones de pesos?
Está claro que la instrucción (¿condición?) que recibió Rocío Nahle para ser candidata al gobierno de Veracruz, fue que no atacara a su antecesor, quien gozaba de la protección de López Obrador y hoy sigue protegido, ahora por Claudia Sheinbaum, pero en su reciente trayectoria política, Cuitláhuac García fue acumulando “cadáveres en el clóset” que ya huelen mal y están a punto de dejarlo en evidencia.
Lo publicado esta semana por el portal de noticias “24 Horas” no tiene desperdicio.
Informes de inteligencia militar -señala el reportaje- afirman que en 2021 una empresa de capacitación de tiro estableció en Veracruz un campo de entrenamiento y un esquema de venta de armamento para sicarios. En esa operación, el Ejército vinculó al entonces gobernador Cuitláhuac García.
Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitidos en septiembre de 2021, dan cuenta de la vigilancia que se aplicó al dueño de una empresa (Get Off The X, aún vigente) quien, de acuerdo con intervenciones telefónicas, estableció vínculos con el entonces gobernador de Veracruz.
La información sobre este caso está incluida en un documento de más de 200 cuartillas sobre los resultados del Centro de Fusión de Inteligencia (Cerfi) sureste, obtenido como parte del hackeo de millones de documentos confidenciales, en el caso conocido como “Guacamaya Leaks”.
El informe señala que bajo la fachada de una escuela de tiro deportivo y defensa personal, el campo de entrenamiento operó en el municipio de Las Choapas y en él también se ofrecía venta de armas y entrenamiento para integrantes del crimen organizado. Los instructores eran mercenarios rusos y exintegrantes de fuerzas especiales y civiles con adiestramiento militar en Israel y otros países.
El centro de inteligencia del Ejército hizo seguimiento de campo e intervención de comunicaciones. Interceptó el teléfono de Luis Aarón Morales Gómez, dueño de la empresa, capitán de marina mercante, con especialidad en seguridad en altamar.
Gracias a esas grabaciones se logró confirmar que Morales Gómez era el líder de una célula dedicada al comercio de armamento y a la capacitación de integrantes de la delincuencia organizada.
En esas llamadas interceptadas aparece una conversación entre Morales Gómez y uno de sus allegados, con la clave de “Junior”. En la plática se afirma que hay comunicación directa con Cuitláhuac García y que le había pagado 1.5 millones de pesos para que le permitiera montar el campo de adiestramiento.
El informe del Centro de Fusión de Inteligencia relata que una intervención de comunicaciones del 2 de septiembre de 2021: “Capitán (Morales) comentó a Junior que recibió cursos en Israel, asimismo puntualizó, que le entregó un millón quinientos mil pesos al gobernador de Veracruz (Lic. Cuitláhuac García)”.
En otra de las escuchas, Luis Aaron Morales indica que “conoce a varios integrantes de la delincuencia organizada y que les ha impartido adiestramiento; argumentó que tiene una deuda de ocho millones de pesos con integrantes de Los Zetas, la cual se encuentra pagando”.
Inconsistencias millonarias encontradas en la revisión de sus cuentas públicas; obras asignadas sin licitación y pagadas sin que hubieran quedado concluidas; desvío de recursos en la Secretaría de Salud y la contratación de un seguro contra desastres “inútil” (según la apreciación de Rocío Nahle) se suman a su probable vinculación (protección y patrocinio) con empresas ligadas al crimen organizado.
Las Choapas, por cierto, es la tierra de uno de sus más cercanos colaboradores: el aún dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta.
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Epílogo.
El 20 de octubre del 2024 se celebró la asamblea estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en la que se acordó el relevo en su dirigencia. Sergio Gil Rullán dejó la coordinación estatal de ese partido y pasó a ocupar esa posición Luis Carbonell de la Hoz. *** El movimiento fue natural. Luis Carbonell había fungido como delegado del comité nacional en Veracruz y para atender ese encargo había recorrido el extenso territorio veracruzano. Conocía muy bien a los liderazgos que el partido naranja estaba impulsando y tenía claridad sobre el reto que tendría que afrontar: las elecciones municipales del 2025. *** Los resultados están a la vista. Hoy Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política de Veracruz, su crecimiento ha sido sólido y sostenido, por lo que es visto -tanto por la sociedad como por los actores políticos- como la opción más fuerte en el 2027 y en el 2030. *** Buena parte de esos números es responsabilidad -o mérito- de Luis Carbonell de la Hoz, quien está celebrando su primer año al frente de la coordinación estatal, con intensas jornadas de apoyo a las zonas afectadas por las inundaciones en el norte de la entidad. *** El trabajo se ve allá, en la trinchera, con el lodo hasta la cintura y con la convicción de que es ahí donde la gente lo quiere ver. Bien.
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