Como se suele decir en estos casos: “no tengo pruebas, pero tampoco dudas”.
El diputado Esteban Bautista -dicen- recibió un fuerte llamado de atención de parte de su jefa política, la gobernadora Rocío Nahle. Quizá no con esas palabras, pero la mandataria estatal le cuestionó al coordinador de la bancada de Morena si acaso “no podía” meter al orden al priista Héctor Yunes Landa.
Eso explica la exagerada reacción del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al video subido por Héctor Yunes para denunciar un probable mal uso de las despensas que adquirió el Congreso local para apoyar a los damnificados por las inundaciones en el norte de la entidad.
Esteban Bautista tiene una excelente relación con Héctor Yunes (me consta), pero eso no fue impedimento para calificarlo de “infame y oportunista”, lo que sugiere que por encima de ese buen trato (tampoco se puede decir que sean amigos) pesó una instrucción superior.
Para nadie es un secreto en la Legislatura de Veracruz que Esteban Bautista funciona como un subalterno más de la gobernadora, que fue por una instrucción de ella que se vio obligado a remover a Esaú Valencia (ese sí, su amigo) de la Dirección de Comunicación Social y a incorporar a esa misma área a Silverio Quevedo Elox.
Orden que salga de la oficina de la gobernadora, se acata sin chistar en el Poder Legislativo.
Lo que también es sabido por todos es que en los últimos diez días (desde que fue regañada por la presidente Claudia Sheinbaum) la gobernadora Rocío Nahle anda de muy mal humor (“trae los cables cruzados”, comentan las personas cercanas a ella) y eso explicaría el exabrupto y la orden tajante: “ya mete al orden a Héctor, ¿o no puedes?”.
Como suele hacerlo cuando recibe la consigna de “mover” algún tema, el diputado Esteba Bautista hace correr la voz entre los reporteros que cubren el Poder Legislativo, de que saldrá a “dar una declaración”. Así, como entrevista “de pasillo”, el legislador les da la nota y lleva ya preparados algunos obuses contra el objetivo en turno.
Sugirió que la crítica -asegura que “infundada”- de Héctor Yunes tiene que ver con la molestia que le generó tener que donar un mes de su salario para apoyar a las zonas damnificadas.
“Y se le devuelve el cheque con la aportación de un mes de salario, si ese es el problema; la molestia que tiene el diputado Héctor Yunes, del donativo que se hizo por acuerdo de todas las fracciones parlamentarias”, advirtió Esteban Bautista.
Según el coordinador de la bancada de Morena, fue el grupo legislativo del que forma parte Héctor Yunes (además de él lo integran Ana Rosa Valdez y Montserrat Ortega, pero no aclaró quién de ellos tres) el que el pasado lunes por la mañana afuera del Congreso local “exigió” bajar de los camiones despensas y apoyos “para llevarlos en camionetas con rumbo desconocido”.
Finalmente, lo que era un justo reclamo (hasta el momento nadie ha dicho a dónde fueron esas despensas que fueron bajadas de los camiones) se convirtió en un vulgar pleito de lavadero.
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Epílogo.
Lo dice nuestra carta Magna en su artículo 17: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. Es lo que en el ámbito jurídico se conoce como “acceso a la justicia”. *** Esa no parece ser la mística en el Poder Judicial de Veracruz. El nuevo Órgano de Administración de Justicia anunció que “por instrucción superior” (aunque no aclara de quién) visitantes, abogados, peritos y servidores públicos que pretendan ingresar a sus instalaciones deberán acatar estrictos lineamientos, “con la finalidad de preservar la seguridad y el orden en las Ciudades Judiciales y Juzgados del Poder Judicial del Estado”. *** Para ingresar a cualquier instalación del Poder Judicial será necesaria la autorización del personal de vigilancia. “Visitantes y público en general deberán identificarse en las casetas o áreas de acceso con documento oficial vigente con fotografía, proporcionar su nombre, lugar al que se dirigen y el motivo”. *** Por otra parte, abogados, peritos, servidores públicos del Poder Judicial y “aquellos que frecuentemente acceden a las instalaciones” deberán registrarse en el sistema electrónico de identificación facial exhibiendo su cédula profesional o gafete institucional, proporcionar los datos que les requieran y permitir la toma de una fotografía de su rostro. *** Deberán permitir que les revisen bolsos de mano, portafolios, maletas o bolsas y una vez en las instalaciones “deberán mantener una conducta respetuosa y ordenada, por lo que se prohíben actos de violencia o que alteren el orden”. *** Sobre esto último, se advierte que, de no acatarse, “se podrá negar el acceso o se solicitará la salida de las instalaciones judiciales”. *** En síntesis, será más sencillo entrar a la cárcel, que a un tribunal.
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