Por ello, Mizraim denunció formalmente a Jorge Romero, presidente del CEN del PAN, argumentando que defenderá sus derechos político-electorales y “lavará su honor”, pues —asegura— su imagen política ha sido dañada y denigrada. ¡Órale!
El argumento central es que se trataría de una persecución política orquestada en su contra para evadir una sentencia del Tribunal Estatal Electoral.
La pregunta obligada es: ¿Por qué hay un “juicio sumario” solo contra él mientras que hay protección para otras 60 personas señaladas por lo mismo, incluido David Hermida Copado, quien fungió como encargado del área por instrucciones de Federico Salomón?
Según los reglamentos del PAN —alega— cualquier sanción debe aplicarse dentro de los 365 días posteriores a la comisión de los presuntos delitos y, dado que las irregularidades corresponden a 2022 y 2023, ya no se le puede sancionar.
Es decir, se acepta que las faltas existieron, pero se pretende que los más de tres millones de pesos no comprobados simplemente queden en el olvido. ¡Chulada!
Argumentan que el procedimiento no es reparable, por lo que solicitan que la providencia y la persecución en su contra queden sin efectos, que sea restituido en el cargo de tesorero del CDE panista y, además, anuncia que demandará por daño moral.
No cabe duda de que al CEN del PAN y a Jorge Romero se les viene el mundo encima en momentos críticos, justo cuando se avecinan cambios en la dirigencia del CDE, sobre todo porque militantes que se mantuvieron en nóminas municipales panistas —como la del Puerto de Veracruz, con Patricia Lobeira al frente— están por quedarse sin empleo y podrían ya no dar su apoyo a quienes los tuvieron cobrando.
En este contexto, Federico Salomón se ha convertido en un serio dolor de cabeza para el diputado Enrique Cambranis, quien, por debajo de la mesa, ha cargado con la supervivencia del PAN en Veracruz.
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