El primer año de gobierno no es para lanzar cohetes ni para colgarse medallas prematuras. Es, por definición democrática, un corte de caja. Un momento incómodo pero necesario para separar la retórica de los resultados, las buenas intenciones de la capacidad real, y —sobre todo— para medir si el poder entendió que gobierna para la ciudadanía y no para el aplauso fácil.

La administración estatal que encabeza la gobernadora Rocío Nahle García se aproxima a su primer aniversario con una realidad clara: el tiempo de aprendizaje se agotó. Ya no hay margen para improvisaciones ni para la tolerancia política disfrazada de paciencia institucional. Gobernar no es un ensayo general; es función permanente.

Desde el arranque, el nuevo gobierno heredó una estructura dañada. No es un secreto ni una especulación malintencionada. Es un hecho documentado. El sexenio de Cuitláhuac García Jiménez dejó no solo rezagos administrativos, sino señales evidentes de corrupción, desorden financiero y decisiones políticas que privilegiaron la lealtad sobre la competencia. Hoy, esos expedientes existen. Están integrados. Y, como corresponde al Estado de derecho, deberán caminar por la ruta institucional, no por la vendetta ni por el encubrimiento.

Aquí conviene ser precisos: señalar corrupción no es linchar; es exigir cuentas. Y exigir cuentas no viola la ley, la honra ni la presunción de inocencia cuando se hace con documentos, auditorías y procedimientos en curso. Lo irresponsable sería callar. Lo inmoral, simular.

En este primer año, el equipo de gobierno ha tenido la oportunidad —y la obligación— de demostrar de qué está hecho. Algunos funcionarios lo han entendido: han trabajado, han corregido inercias, han puesto orden. Otros, lamentablemente, no dieron el ancho. El cargo les quedó grande. Y en la administración pública, cuando el desempeño no alcanza, la salida no es un castigo: es una necesidad institucional.

Ya se dieron los primeros ajustes. No serán los últimos. Y no deberían verse como crisis, sino como decisiones correctivas. Gobernar también es saber remover. La maquinaria del Estado no funciona por simpatías ni por cuotas políticas; funciona con experiencia, carácter y conocimiento técnico. El que no pueda, que se haga a un lado. Así de simple.

Lo que no puede permitirse —y aquí la advertencia es clara— es que los cambios se conviertan en maquillaje. No se trata de mover nombres para dejar todo igual. Se trata de romper con prácticas del pasado que tanto daño le hicieron a la credibilidad institucional. El ciudadano ya no compra discursos. Observa, compara y juzga.

La gobernadora Nahle tiene un activo que no debe desperdiciar: legitimidad política y una expectativa alta de rectificación. Pero la legitimidad se erosiona rápido cuando no se traduce en resultados. Y la expectativa se convierte en decepción cuando se tolera la incompetencia o se protege al ineficiente.

El combate a la corrupción no se anuncia; se ejecuta. No basta con que “los responsables hayan puesto tierra de por medio”. La justicia no puede ser espectadora. Si hay irregularidades comprobadas, que se proceda conforme a la ley. Sin espectáculo, sin pactos, sin selectividad. La impunidad es el último refugio del mal gobierno.

El inicio del nuevo año será clave. Vendrán más movimientos, más definiciones y —esperemos— más claridad. No es momento de cuidar susceptibilidades internas, sino de responder a una sociedad cansada de excusas. El poder que no se corrige a tiempo termina pareciéndose peligrosamente a aquello que prometió erradicar.

Este primer año no se califica con aplausos ni con consignas. Se evalúa con datos, con hechos y con decisiones. La gobernadora aún está a tiempo de consolidar un equipo a la altura del reto. Pero el reloj político no se detiene y la ciudadanía no olvida.

Gobernar es decidir. Y decidir implica asumir costos. Lo demás es retórica. Y de esa, Veracruz —y el país— ya tuvo suficiente.