En Veracruz tenemos una costumbre muy mexicana: descubrir la corrupción… cada vez que conviene políticamente denunciarla. Ahora resulta que el famoso Impuesto al Hospedaje —ese que debía servir exclusivamente para promover el turismo, atraer visitantes, fortalecer destinos, profesionalizar servicios y dinamizar la economía local— terminó financiando la “vida alegre” de algunos empresarios turísticos que, según ha revelado la gobernadora Rocío Nahle García, viajaban por el mundo cómodamente… pero con cargo al erario público.

La revelación es grave. No solo porque exhibe un abuso, sino porque confirma algo peor: el Estado sabía. El ORFIS lo sabía. La burocracia lo sabía. Y, como tantas veces, nadie hizo nada. Las irregularidades venían documentándose desde hace años, pero en ese país de la impunidad llamada “administrativa”, las observaciones se acumulan como papeles viejos sobre el escritorio… hasta que la política decide convertirlas en escándalo.

El Impuesto al Hospedaje nació con una finalidad clara: promoción turística. No era una bolsa de viaje VIP ni un club financiero de privilegios. Era un instrumento público para impulsar una industria estratégica. Pero en Veracruz, la creatividad para torcer propósitos es infinita. El recurso terminó siendo, de acuerdo con la propia mandataria, el patrocinador de paseos internacionales, agendas cómodas, misiones sin resultados claros y, en muchos casos, con más beneficio personal que impacto colectivo.

Por eso la decisión del Gobierno estatal de asumir el control del fideicomiso no es menor. Significa quitarles el volante a quienes, durante años, tuvieron el dinero público en las manos… pero pusieron los intereses privados en el destino. Con la reforma que envió al Congreso, los empresarios conservarán voz, pero no voto. Es decir: podrán opinar, pero no decidir. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿era necesario llegar a este punto para recordarles que el dinero público se maneja con responsabilidad pública?

La gobernadora ha anunciado que estos recursos ahora se destinarán a infraestructura turística, incluida la creación de la primera escuela de servicios turísticos en Veracruz. Suena interesante… pero también polémico. Porque mientras la autoridad imagina aulas, el sector turístico reclama promoción. No se necesita una “escuelita”, dicen algunos empresarios; lo que se necesita es atraer visitantes. Y no les falta razón. Sin turistas no hay industria que capacitar. Sin promoción no hay mercado, sin mercado no hay empleo, y sin empleo solo queda la retórica.

Pero tampoco podemos pasar por alto otro hecho: si el sector privado abusó de un recurso que no era suyo, merece rendir cuentas. Y no hablo solo de sanciones administrativas. Si hubo desvíos, debe haber consecuencias legales. Si hubo simulación, debe haber corrección ejemplar. Porque el problema no es solo que se gastó mal, sino que se gastó mal durante años y bajo la tolerancia de gobiernos que preferían no ver. La impunidad institucional es la madre de todos los abusos.

Habrá quienes acusen al gobierno actual de revancha o de estrategia política. Otros dirán que se trata de recuperar control y centralizar decisiones. Y probablemente ambos tengan algo de razón. Pero entre argumentos y suspicacias, no debemos perder de vista lo esencial: el dinero público debe servir al interés público. Y si alguien convirtió el impuesto turístico en caja chica de placer, merece ser investigado.

La propia gobernadora presume que Veracruz tuvo este año la mayor promoción turística en décadas. Lo afirma con orgullo y con comparaciones históricas, incluso evocando los tiempos de Miguel Alemán Velasco. Bien. Si fue así, que se transparente. Que se documenten resultados, cifras, impacto, ocupación hotelera, derrama económica. Porque si vamos a corregir abusos, hagámoslo completo: con transparencia para los de antes… y para los de ahora.

El turismo no necesita discursos, necesita confianza. Y la confianza no se construye con denuncias sueltas, sino con reglas claras, vigilancia real, rendición de cuentas… y memoria. Porque en Veracruz ya nos conocemos: hoy se denuncian los excesos de los otros, mañana se justifican los propios.

Si algo debería enseñarnos este episodio es que el dinero público no admite caprichos privados. Que el turismo no puede ser botín de nadie. Y que gobernar es asumir responsabilidad, no solo señalar culpables. Veremos si esta vez el Estado rompe la costumbre nacional de “escandalizar… sin resolver”.

Y esperemos, por el bien de Veracruz, que esta película no termine como tantas otras: con discursos, con indignación oficial, con promesas de cambios… y con el mismo final de siempre: no pasó nada.