Hay un elemento que merece subrayarse: el diseño del incentivo obliga a que la derrama económica permanezca en México. Si una producción extranjera quiere acceder al beneficio, debe integrar productoras mexicanas y cumplir con el gasto mínimo comprobable: 40 millones de pesos en ficción o animación, 20 millones en documental, 5 millones en procesos de postproducción o efectos visuales.
Y aquí aparece otra pieza clave: el respaldo desde los estados. Rocío Nahle García fue reconocida públicamente por Hayek como una “gobernadora estrella” por facilitar locaciones, acompañamiento institucional e incluso infraestructura carretera para el proyecto que actualmente se filma en Veracruz.
También hay que decirlo: el cine mexicano ha resistido incluso cuando fue relegado. El aumento presupuestal a Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) en 25 por ciento respecto a 2024, la inversión de mil 600 millones de pesos para fortalecer instituciones como el INBAL y el INAH, y la ampliación de matrícula del Centro de Capacitación Cinematográfica son señales de reconstrucción institucional. Después de años donde la cultura fue vista como gasto superfluo, hoy se le reconoce como inversión estratégica.
Por supuesto, el reto será la implementación. México ha anunciado antes grandes programas que se diluyen en la burocracia. El desafío para Sheinbaum y para gobernadoras como Nahle será garantizar transparencia, reglas claras y acceso equitativo, para que los beneficios no se concentren solo en grandes productoras, sino también en cineastas emergentes.
Claudia Sheinbaum apuesta a que el cine deje de ser resistencia y se convierta en industria. Rocío Nahle entiende que abrir caminos —literalmente— también es abrir pantalla. Ahora toca que la promesa se convierta en rodaje y que la pantalla grande devuelva al país la imagen compleja, diversa y poderosa que durante años le fue negada.
PEGA Y CORRE: Samuel Hernández, pseudo periodista, es un bandido total, extorsionador, delincuente. En Tuxpan no lo aguantan por arbitrario y grosero. Tiene razón el gobierno. Lo detuvieron en sentido contrario. Circula un video suyo donde relata que salió de la policía municipal tras horas de encierro, que no lo dejaban comunicarse; que llegando a su casa lo detuvieron a golpes en “El Apagón”, que según obligándolo a confesar.
En un país donde la libertad de expresión es un derecho constitucional, también lo es el cumplimiento de la ley. El caso de Samuel Hernández ha generado ruido en redes, pero conviene separar el espectáculo de los hechos.
De acuerdo con la propia versión que circula en un video difundido por él mismo, fue detenido inicialmente por transitar en sentido contrario. Más tarde denunció que permaneció varias horas en la policía municipal sin poder comunicarse y que, al llegar a su casa, volvió a ser detenido en un punto conocido como “El Apagón”, donde —según afirma— fue golpeado y presionado para confesar.
Hay que decirlo con claridad: ninguna autoridad puede incomunicar ni agredir a una persona; si eso ocurrió, debe investigarse. Pero también es cierto que nadie está por encima de la ley. La condición de “periodista” no otorga inmunidad para violar reglamentos de tránsito ni para descalificar a toda una corporación cuando hay un procedimiento de por medio.
En Tuxpan, su figura ha sido polémica desde hace tiempo. No se trata de silenciar voces, sino de exigir responsabilidades. Si hubo abuso, que se sancione. Si hubo infracción, que se asuma. La crítica es válida; la victimización automática, no.
El Estado debe actuar con legalidad y transparencia. Y quienes ejercen el periodismo —o dicen ejercerlo— también deben hacerlo con ética y responsabilidad. La ley no distingue micrófonos ni perfiles de redes sociales. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes. |
