La nueva titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, protestó ante el Congreso de Veracruz “cumplir y hacer cumplir” la Constitución y las leyes que de ella emanan.
La prueba de fuego ya está en su escritorio.
Deberá rendir un informe detallado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que detectó el uso indebido de recursos públicos y un ejercicio irregular del gasto, durante la revisión de la Cuenta Pública 2024.
La observación marcada con la clave 2024-E-30013-23-2024-06-007 señala que en el ejercicio fiscal del 2024 la Fiscalía de Veracruz (en aquel entonces bajo el mando de Verónica Hernández) ejerció más de 12 millones de pesos en la contratación y pago de servidores públicos que no cumplían los requisitos para ocupar sus cargos.
Entre ellos, destaca la identificación de al menos 20 elementos contratados como “policías de investigación” que carecían de título profesional y de la preparación requerida para esa responsabilidad.
Consultado sobre esa observación, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa advirtió que el problema no se limita al monto desviado, sino al uso indebido de recursos públicos y a la simulación en el cumplimiento de las funciones de investigación ministerial.
El razonamiento del jurista es contundente: si los elementos de la Policía de Investigación carecían de la formación profesional necesaria para ejercer las funciones por las que recibían su salario, eso explica la baja calidad en el desempeño de la corporación policiaca dependiente de la FGE.
“La implicación más grave podría estar en las consecuencias legales de su actuación. ¿Cuántos de esos agentes pudieron haber incurrido en violaciones al debido proceso, en detenciones arbitrarias o actos que derivaran en personas privadas de la libertad de manera indebida?”.
A partir de esta información, cualquier abogado penalista que esté defendiendo a personas detenidas por personal de la Policía Ministerial, estará en su derecho de reclamar la información sobre los elementos que ejercieron esas funciones sin cubrir el perfil y, en caso de que alguno de ellos haya participado en la detención de sus clientes, podrá reclamar que se les ponga en libertad por fallas evidentes al debido proceso.
Además, es obligación de los actuales funcionarios de la FGE presentar las denuncias respectivas contra esos policías y contra la misma Fiscal General (en aquel momento Verónica Hernández) y el director de la Policía Ministerial (quien ocupaba ese cargo era Manuel López Leza), así como contra el personal de Recursos Humanos que haya participado en su contratación.
Desde la óptica de Mundo Arriasa, vicios como el que detectó la Auditoría Superior de la Federación explican los indicadores en materia de Estado de Derecho -elaborados por el organismo internacional World Justice Project- que ubican a Veracruz en posiciones muy rezagadas a nivel nacional.
“La falta de perfiles adecuados en áreas sensibles como la investigación penal impacta directamente en el respeto a los derechos humanos”, afirmó.
Está en manos de la nueva fiscal, Lisbet Aurelia Jiménez, poner orden en áreas sensibles de la procuración de justicia.
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Epílogo.
Pero la revisión de los perfiles de quienes ocupan cargos relevantes no es la única tarea pendiente para la titular de la FGE, Lisbeth Aurelia Jiménez. *** Este jueves organizaciones nacionales e internacionales urgieron al Estado Mexicano a cumplir la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ernestina Ascencio Rosario. *** Han pasado ya 19 años de la muerte de la mujer indígena y las agrupaciones denunciaron que persiste la falta de acciones concretas para acatar el fallo internacional. *** La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por violaciones a derechos humanos cometidas contra la víctima y sus familiares. *** El tribunal estableció que existió intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad, así como barreras lingüísticas y actos de discriminación por género, origen étnico y edad. *** Entre las medidas dispuestas por el tribunal internacional se encuentra la realización de una investigación penal seria y exhaustiva sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio, con el objetivo de identificar, procesar y sancionar a los responsables.
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