Hay símbolos que se caen a pedazos no por el paso del tiempo, sino por la desidia del poder. El Faro Benito Juárez 1872, en el corazón del puerto de Veracruz, es hoy un monumento a la simulación oficial: un edificio histórico abandonado a una cuadra del palacio municipal y frente a la Plaza de la Constitución, convertido en vergüenza pública por la falta de mantenimiento de los tres niveles de gobierno. No es metáfora: el techo amenaza con desplomarse y el inmueble permanece cerrado “por seguridad”. La memoria nacional clausurada con candado.

Hace apenas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el puerto para inaugurar, con solemnidad y reflectores, lo que se anunció como la Casa Museo de Benito Juárez. La pregunta incómoda es elemental: ¿Dónde está ese museo y por qué, mientras tanto, el faro —entrada obligada al municipio— se cae a pedazos? La propaganda es puntual; la responsabilidad, ausente.

El Faro Benito Juárez 1872 no es una pieza decorativa. Es un sitio cargado de historia cívica: allí se resguarda la memoria de quienes acompañaron al Benemérito durante su gobierno y su estancia en Veracruz, donde se consolidaron las Leyes de Reforma, cimiento del Estado laico, la separación Iglesia-Estado y la igualdad ante la ley. Durante años, en la propia plaza se exhibieron bloques con los nombres de esas leyes. Hoy ya no están. La pedagogía cívica fue retirada, como si estorbara.

Resulta difícil no advertir la contradicción: autoridades que se declaran juaristas en tribuna y efeméride, pero que toleran —cuando no provocan— el abandono del patrimonio que encarna ese legado. La Cuarta Transformación presume respeto por la historia; la realidad exhibe descuido administrativo, prioridades invertidas y una peligrosa normalización del deterioro. No es falta de dinero: es falta de voluntad, planeación y rendición de cuentas.

El daño no es solo simbólico. Veracruz es puerta de entrada turística y cultural. Un faro clausurado, con riesgo estructural, a la vista de visitantes nacionales y extranjeros, envía un mensaje inequívoco: aquí la memoria estorba y el mantenimiento no vota. El turismo cultural no se construye con inauguraciones de utilería, sino con conservación seria, programas museográficos, seguridad estructural y acceso público digno.

Hay responsabilidades claras. El ámbito federal tiene obligaciones en la preservación del patrimonio histórico; el estatal, en la coordinación y supervisión; el municipal, en el mantenimiento cotidiano y la gestión local. Cuando todos miran a otro lado, el resultado es el que vemos: un inmueble histórico cerrado por peligro de derrumbe. Eso no es prudencia; es negligencia acumulada.

La ética pública exige algo más que discursos. Exige diagnóstico técnico del edificio, presupuesto etiquetado, calendario de obra, transparencia en contratos y reapertura con contenidos educativos. Exige, además, respeto a la legalidad y a la memoria cívica. Las Leyes de Reforma no son una consigna para mítines: son un programa de convivencia democrática que se honra con hechos.

La ironía es amarga: el faro, creado para orientar, hoy extravía. Extravía a gobernantes que confunden propaganda con política pública; extravía a una administración que presume transformación mientras deja que la historia se desmorone; extravía a una ciudadanía cansada de promesas inaugurales que no sobreviven al primer temporal.

No se trata de linchar a nadie, sino de exigir lo obvio. Restaurar el faro es una obligación moral y legal. Reabrirlo al público es un acto de justicia histórica. Integrarlo a un circuito cultural serio es una decisión inteligente. Y rendir cuentas por el abandono es una condición mínima de respeto a Veracruz y a México.

Porque la memoria no se decreta, se cuida; y quien invoca a Juárez sin conservar sus símbolos, no gobierna con principios, gobierna con consignas.

Cuando el poder se envuelve en Juárez pero deja caer su faro, no transforma la historia: la traiciona.