SEXTA PARTE

La crítica más incisiva contra la gestión de Martín Aguilar no proviene solo de las cifras, sino de quienes ya ocuparon ese mismo cargo. Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez han sido claros: la prórroga fue un acto "jurídicamente torpe" e "inconcebible" en una institución que se precie de ser democrática. Señalan que durante sus gestiones, la reelección o permanencia se lograba a través de un escrutinio riguroso de la comunidad universitaria, no mediante acuerdos de cúpula que ignoran los requisitos legales.

La percepción de una "administración gris" es un sentimiento recurrente. Bajo el mando de Aguilar Sánchez, los indicadores académicos y de infraestructura de la universidad parecen haber pasado a un segundo plano frente a la gestión política de su permanencia. Mientras se presume un presupuesto de más de 8,000 millones de pesos, la comunidad universitaria denuncia la falta de transparencia en su ejercicio, sugiriendo que los recursos podrían estarse diluyendo en los bolsillos de la corrupción política antes que en la mejora educativa.

La crisis de la UV es también una crisis de liderazgo. Al verse envuelto en amparos, protestas y señalamientos de ilegalidad desde el inicio de su periodo, el Rector ha perdido la autoridad moral necesaria para guiar a la comunidad estudiantil. La renuncia de figuras clave en la Junta de Gobierno, como la Dra. Angélica Buendía Espinosa, es una señal de alarma que no ha sido atendida. La universidad está más fragmentada que nunca, dividida entre una administración que se aferra al poder y una base académica y estudiantil que se siente traicionada en sus principios fundamentales.