Presenten pruebas, repite una y otra vez la presidenta Sheinbaum desde el púlpito presidencial ante la evidencia de la corrupción, los excesos con dinero público y la presunción de delitos de los más connotados morenistas y la familia imperial de Palenque. Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no necesita de pruebas, basta su sola voluntad para aniquilar a cualquiera.
El principal riesgo radica en dos aspectos fundamentales: el impacto operativo y económico, así como en las vulneraciones legales y de derechos fundamentales.
En el primer caso, el bloqueo implica la parálisis de pagos esenciales e impide cumplir con obligaciones inmediatas como el pago de nóminas, liquidación a proveedores o el abono de créditos. Con ello no sólo se afecta al indiciado, sino también a trabajadores, clientes, proveedores e instituciones bancarias.
Las empresas y comercios pierden liquidez, lo que puede llevar al cierre definitivo ante la imposibilidad de mover recursos para insumos o servicios básicos. Por supuesto, esta medida inédita genera desconfianza y ahuyenta la inversión en el país debido a la falta de certeza jurídica.
Por cuanto hace a sus implicaciones jurídicas, hay una violación flagrante al debido proceso, dejando al ciudadano en un estado de vulnerabilidad frente al Estado sin que medie un juez. El gobierno se convierte en juez y parte.
En su desvarío, la SCJN ha dicho que se garantiza el derecho de audiencia posterior y que puede recurrirse al amparo, sin embargo, el daño patrimonial ocurre de forma inmediata, arbitraria y muy posiblemente de largo plazo. ¿Qué pasará cuando la investigación de la UIF dure por lo menos un año? Simple: la empresa desaparece.
Eso sin contar que la inclusión en la lista de personas bloqueadas conlleva un estigma financiero que dificulta futuras relaciones con instituciones bancarias, incluso si el bloqueo se levanta después. La sospecha, incluso sin pruebas concluyentes, bastaría para generar un daño inmediato difícil de reparar.
Basta recordar que, en distintos momentos, la UIF ha sido señalada por congelamientos que posteriormente son revertidos por tribunales, evidenciando errores o falta de sustento suficiente. Si esta práctica se normaliza sin supervisión judicial, el margen de arbitrariedad podría ser absoluto.
Habría que preguntar si las acusaciones sin fundamento emitidas por López Obrador y repetidas por Claudia Sheinbaum en contra de sus adversarios se interpretarán como ‘indicios suficientes’ para justificar la persecución financiera. Pronto lo sabremos.
La puntita
Lo dijimos: el siguiente atraco era a las Afores. Si el gobierno invierte el 30% del ahorro de los trabajadores para financiar obras como el Tren Maya, el AIFA o Dos Bocas, manchadas por la corrupción y la incompetencia, entonces ya sabemos a los bolsillos de quien irán a parar las pensiones de millones de mexicanos.
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