Porque lo que se percibe es algo más profundo y más preocupante: una cadena de desinformación que involucra al más alto nivel. Porque si PEMEX ocultó o maquilló la información, entonces le mintió a la Presidenta y a la Gobernadora. Y si ellas sostuvieron esa versión frente al país, entonces el resultado es el mismo: todos ellos le mintieron a los mexicanos.
Ese es el verdadero tamaño de la crisis. No sólo es ambiental, no sólo es económica. Es una crisis de confianza.
Y frente a eso, el anuncio de tres despidos parece insuficiente, casi simbólico. Como si se intentara ofrecer responsables menores en sacrificio, mientras el problema de fondo —que es la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad institucional— queda intacto.
Porque aquí no estamos hablando de un error administrativo menor. Estamos hablando de un daño al ecosistema, de posibles afectaciones a la economía de muchas comunidades, de impactos que podrían tardar años en revertirse. Y ante algo así, el castigo no puede quedarse corto.
Si realmente se quiere enviar un mensaje de seriedad, la responsabilidad tendría que escalar hasta donde sea necesario, incluso al más alto nivel dentro de PEMEX. Porque de lo contrario, lo que queda es la sensación de que se está administrando el escándalo, no resolviendo el problema.
El país no necesita más versiones oficiales que luego se desmoronan. Lo que necesita es verdad. Verdad completa, oportuna, incómoda si es necesario.
Porque sólo así, con claridad y con consecuencias reales para los responsables, se podrá empezar a reconstruir algo que hoy está profundamente dañado: la confianza del pueblo en su gobierno.
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