Después de cada crisis, una vez que la gobernadora Rocío Nahle termina admitiendo que “se equivocó”, lo que tuvo un impacto directo a su popularidad (posición 31 entre los 32 gobernadores del país) se activa un “plan de contingencia”, que consiste, esencialmente, en aprovechar cualquier coyuntura para dar “buenas noticias”.
Esas las tiene que transmitir ella, con esa sonrisa que ya todos los veracruzanos identifican. El problema es que las buenas noticias no abundan y, ante la escasez, es necesario inventarlas.
Esta semana la gobernadora Rocío Nahle anunció, eufórica, un incremento salarial del 7.5 por ciento para los trabajadores al servicio del Estado, con efecto retroactivo al 1 de enero, “como reconocimiento a la labor que diariamente sostienen en la administración pública”.
Pasó por alto, sin embargo, que ese aumento salarial es obligatorio, pues está contemplado en el contrato colectivo y que apenas el año pasado ese aumento fue del 9 por ciento, general, sin hacer distinciones entre madres solteras, policías o cualquier otro empleado del Estado.
Y es que, atribuyéndose un “enfoque de equidad”, la gobernadora anunció que las mujeres que perciban menos de dos salarios mínimos recibirán un incremento del 9.5 por ciento, mientras que para los elementos policiales el aumento será del 15 por ciento. Ojo: los policías, lo que no quiere decir que todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) recibirán ese incremento.
La gobernadora se desentendió de todos esos “detalles” y presumió que el anuncio del aumento salarial respondía a “un principio de justicia laboral, al valorar el esfuerzo de quienes contribuyen al funcionamiento institucional y al desarrollo de Veracruz”.
Sobre el aumento al magisterio estatal, la gobernadora aclaró que el porcentaje será similar al que se determine a nivel federal el próximo 15 de mayo.
Mientras presumía todo eso, los maestros de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se encontraron con la propuesta, por parte del gobierno estatal, de un contrato leonino, el que -por supuesto- se negaron a firmar.
Se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales, en el que se deja claro que no existe relación laboral con la universidad, lo que anula derechos fundamentales como la seguridad social, el aguinaldo, las vacaciones y la estabilidad en el empleo.
En ese tema, la gobernadora mostró su verdadero rostro:
— Si quieren seguir trabajando, firman; si no, se busca otro catedrático.
¡Alguien que la ayude!
* * *
Epílogo.
En septiembre del 2022, producto de un escándalo por el presunto cobro de “comisiones” de funcionarios del Orfis a titulares de los entes fiscalizables, renunció a ese organismo el director jurídico, Felipe de Jesús Marín Carreón. *** No se dio una razón oficial de su salida, por lo que versión que se mantuvo fue que había sido una forma de cortar de tajo las especulaciones sobre el desempeño del personal de ese organismo. *** Más tarde y de manera muy discreta, Marín Carreón se reintegró al Orfis, aunque con la consigna de manejarse “con un bajo perfil”. *** Es por eso por lo que llama la atención que haya vuelto a aparecer justo ahora, y en la supervisión de obras que se realizaron en Xalapa durante el período de Ricardo Ahued Bardahuil. *** Quienes lo conocen de otras épocas, aseguran que su reaparición tiene que ver con el retorno de aquellas prácticas que provocaron su salida hace casi cuatro años. *** No debería perderlo de vista el actual secretario de Gobierno.
filivargas@gmail.com
Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de www.politicaaldia.com |
