Organizaciones civiles, científicos y especialistas han documentado que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz han optado por el camino más peligroso: simular el cumplimiento. Y en política pública, la simulación no es una falta menor; es la antesala de la impunidad.
El señalamiento de Xavier Martínez Esponda no debe tomarse a la ligera. Cuando afirma que existe un incumplimiento directo de una sentencia judicial, está poniendo el dedo en una llaga estructural del Estado mexicano: la distancia abismal entre el discurso institucional y la realidad operativa. Porque aquí no estamos ante un conflicto técnico, sino ante una violación constitucional.
El derecho a un medio ambiente sano no es una concesión del gobierno en turno. Está consagrado en el artículo 4º constitucional y respaldado por tratados internacionales. La propia Corte, al revocar 14 autorizaciones de impacto ambiental, reconoció que el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz se había construido sobre bases ilegales. ¿Y la respuesta institucional? Continuar como si nada.
Peor aún: excluir a la sociedad.
La omisión de la participación ciudadana en la reposición de los estudios ambientales no solo contradice la sentencia, sino que vulnera principios básicos de gobernanza democrática. No se puede hablar de desarrollo cuando se silencian a las comunidades; no se puede invocar progreso cuando se margina la ciencia independiente.
La creación de la Misión Civil por la Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano es, en ese sentido, una respuesta digna, pero también una señal de alarma. Que la sociedad tenga que organizarse para documentar lo que el Estado debería transparentar evidencia un vacío institucional preocupante. Y ese vacío se llena, inevitablemente, con desconfianza.
El Sistema Arrecifal Veracruzano no es un estorbo para el desarrollo económico; es un patrimonio ecológico estratégico, una barrera natural contra fenómenos climáticos y un ecosistema de valor incalculable. Destruirlo o ponerlo en riesgo sin cumplir la ley no solo es irresponsable: es profundamente miope.
Hay que decirlo con claridad: el incumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte no es un asunto administrativo, es un desafío al Estado de derecho. Y cuando las propias autoridades federales se colocan fuera de la ley, el mensaje es devastador: la legalidad es opcional.
En un país donde se exige a los ciudadanos cumplir normas, pagar impuestos y respetar instituciones, resulta inadmisible que el gobierno actúe con discrecionalidad frente a un mandato judicial. La ley no puede ser un instrumento de conveniencia política.
Aquí no hay matices ni zonas grises: o se cumple la sentencia o se viola la Constitución.
Y mientras las autoridades sigan apostando por la simulación y el desgaste, el costo no será solo ambiental o jurídico, será moral y político, porque un Estado que desacata a su propia Corte no gobierna: se deslegitima.
|
