“En el oficio SESVER/DA/SRM/DCC/008/2026, el Hospital Centro Estatal de Cancerología ‘Dr. Miguel Dorantes Mesa’ reportó que caducaron 75 kilogramos de medicamento, lo que representa una pérdida económica directa de 929 mil 242 pesos con 26 centavos”.
Más que negligencia administrativa, la caducidad de estos medicamentos constituye, por donde se le mire, un crimen de lesa humanidad.
Si desde el 2019 el desabasto de medicamentos se ha convertido en un problema crónico en todo el país, si en clínicas y hospitales del sector Salud no hay ya mero ni Mejorales, si conseguir medicamentos oncológicos constituye casi un milagro, ¿por qué dejaron caducar tantos kilos? ¿Acaso no existe un Órgano de Control Interno que vigile el buen uso de esos fármacos?
De unos años para acá, o mejor dicho, del 2018 a la fecha, la Secretaría de Salud de Veracruz que era un modelo de honestidad y eficiencia, se ha convertido en el centro de escándalos que han tenido que ver con multimillonarios faltantes, como el denunciado en mayo del año anterior por la gobernadora Rocío Nahle, que confirmó la detección de un presunto desfalco por 1,600 millones de pesos en el gobierno de su antecesor Cuitláhuac García.
Comparado con esa cantidad, el casi millón de pesos en medicinas caducas es apenas un pelo arrancado a un gato, pero fueron miles de dosis tiradas a la basura que provocaron la muerte de ve a saber cuántos veracruzanos, lector.
¿Quién va a pagar por esta negligencia criminal que a su vez es un crimen de lesa humanidad?
Nadie en este Veracruz de impunes.
El dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell de la Hoz, dijo que la titular de la Secretaría de Salud, Mariela Hernández García, debe dar una explicación transparente a los veracruzanos sobre la grave negligencia administrativa que derivó en la caducidad de esos lotes.
Carbonell señaló que la omisión y la falta de gestión en este caso son actos de corrupción que, en última instancia, cuestan vidas. “No basta con dar trámite burocrático al desperdicio; es imperativo que se identifique y sancione con todo el peso de la Ley a los responsables”.
Según consta en el acta fechada el 6 de febrero, funcionarios de alto nivel –entre ellos la directora administrativa, Elizabeth Escamilla Reyes y el director de Salud Pública, Leonel Efrén Rivera Pinete– habrían firmado la baja de esos insumos.
El dirigente naranja expuso que ese documento “es el testimonio de un sistema que prefirió desechar medicamentos que debieron estar en el torrente sanguíneo de un paciente y no en un inventario de desechos”.
Y es que ya imagino lector, a los reunidos el 6 de febrero. “Compañeras, compañeros, antes de levantar la sesión quiero informarles que un total de 75 kilos de medicamentos principalmente oncológicos y cuyo costo es de casi un millón de pesos pasarán al inventario de desechos porque ya caducaron, ¿están de acuerdo?”. “Claro, a quién puede interesar que se pierda casi un millón de pesos cuando se han robado miles. Y a quién puede importar que la falta de esos medicamentos mate a unos cuantos cuando a diario mueren cientos”.
Futa...
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