Dejar hacer, dejar pasar, tendrá consecuencias -y muy graves- para funcionarios de Veracruz que vieron en la crisis por la plaga del gusano barrenador de ganado, una “oportunidad” para hacer jugosos negocios.
A finales de la semana pasada, Ammon Blair, investigador de Estados Unidos, acusó ante el Comité del Senado de Texas sobre Agua, Agricultura y Asuntos Rurales a “los cárteles mexicanos de la droga” de ser los responsables del brote de gusano barrenador en nuestro país.
En su reporte, Blair aseguró que Texas “está lidiando” con México, al que calificó como “un narcoestado cada vez más autocrático”, donde los cárteles y sectores del gobierno mexicano “operan en una simbiosis consciente y voluntaria en importantes sectores económicos”, incluyendo la agricultura, la ganadería, el transporte y el comercio.
“El brote del gusano barrenador ha sido rastreado y los patrones coinciden con rutas de tráfico y contrabando de los cárteles, extendiéndose rápidamente hacia el norte a lo largo de los mismos corredores utilizados para el tráfico ilegal de migrantes, especialmente a través del Tapón del Darién”, dijo.
El experto aseguró que el resurgimiento del gusano barrenador expone las consecuencias de esa realidad, ya que, durante años, Estados Unidos se enfocó casi exclusivamente en narcóticos como el fentanilo y en la migración ilegal en la frontera sur, mientras ignoraba en gran medida el enorme mercado criminal que los cárteles controlan.
“Estos cárteles ejercen control territorial, corrompen instituciones, capturan sistemas políticos y ahora se han integrado directamente en economías legítimas”, dijo.
“México ocupa actualmente el primer lugar en el mundo en mercados criminales y el tercero en criminalidad general entre 193 países. Ese es el entorno operativo en el que actualmente funciona la cadena de suministro ganadero”, agregó.
Este mes se cumple un año del cierre de la frontera con México por parte del gobierno de Trump, luego de detectarse los primeros casos de gusano barrenador.
El primer cierre fue en mayo de 2025 y posteriormente hubo aperturas parciales, pero en junio de este mismo año el gobierno de Estados Unidos volvió cerrarla debido al brote y aumento de casos.
A estas alturas, sin embargo, cada declaración de un funcionario del gobierno de Estados Unidos debe ser tomada con seriedad. Lo que ha trascendido es que, así como el gobierno de Donald Trump tiene una “lista” de políticos de primer nivel que operan con las bandas del crimen organizado, así tienen -también- una relación detallada de los funcionarios -federales y estatales- que no sólo han permitido el avance de ganado sin supervisión sanitaria, sino que se han enriquecido con esas tareas.
Las rutas de las que habla el investigador de EU incluyen a Veracruz y tienen identificados a funcionarios de la entidad -tanto de la actual administración, como de la pasada- a quienes se les tratará como cualquier político que haya facilitado la labor de las bandas criminales.
Varios de ellos ya empiezan a “mudar” sus cuentas bancarias, antes de que empiece el congelamiento de todas aquellas que sean consideradas “sospechosas”.
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Epílogo.
¿Cómo se atreven a cuestionar su honorabilidad? ¿De dónde sacan que un humilde maestro puede ser poseedor de un yate? Apenas si le alcanzó para alquilar un par de motos acuáticas para convivir con su hija. *** ¡Ni se les ocurra pensar que el diputado federal, Zenyazen Escobar, tenga una mansión en El Dorado! Si acaso una humilde vivienda que lo más probable es que la siga pagando con la limitada dieta que recibe en San Lázaro. *** Las jovencitas que resultaron lesionadas (una de ellas, por cierto, lleva el apellido de un exgobernador de Veracruz) nada tienen que ver con el legislador. El hecho de que tengan plazas en el magisterio es… mera coincidencia.
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